Tal como lo adelantó este diario, en la mañana de ayer, los cinco integrantes del jury de enjuiciamiento se reunieron en el Salón San Martín del primer piso de la Corte de Justicia de la provincia. Si bien la fecha de la reunión se había pautado con antelación a que se conociera el video, donde se observa, supuestamente, a los jueces de la Cámara de Apelaciones recibiendo dinero de una “coima”, el tema se trató y hasta se habría visualizado el video, para, posteriormente, pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando se expedirán al respecto.
A la salida de la reunión, en la vereda misma del edificio de la Corte de Justicia, al que no se dejó ingresar a la prensa, los representantes del Poder Legislativo, que integran el tribunal de juicio político, Juana Fernández, Augusto Barros
y Raúl Chico, hicieron breves declaraciones al ser consultados por la prensa, limitándose solo a decir que “se trató el tema y que se pasó para el próximo viernes”, para resolver al respecto. Los funcionarios fueron cautos al momento de emitir algún tipo de valoración en relación al video, que dijeron “todos ya lo vieron”. De la reunión del jury, participaron también la ministra de la Corte de Justicia, Dra. Vilma Molina y los dos abogados representantes del Colegio de Abogados de la provincia.
La investigación penal
En cuanto a la investigación penal, que se realiza por el carril de la Fiscalía, se supo que, hasta ayer, no se habría resuelto que el fiscal quedaría al frente de la investigación. Si bien la presentación que realizó el lunes al mediodía la Secretaría Penal de la Corte, para que se inicie la investigación de oficio habría recaído en la Fiscalía de Instrucción N° 6 de Delitos Contra la Administración Pública, a cargo del flamante fiscal, Facundo Barros Jorrat, trascendió que el funcionario podría inhibirse en razón de haber trabajado, años atrás, cuando Juan Pablo Morales, uno de los dos jueces sospechados, se desempeñaba como secretario de Seguridad en dicha área del gobierno, lo que lo haría incompatible para desempeñarse en la función de investigador. En subrogancia, la causa podría recaer en la Fiscalía N° 7, a cargo del Dr, Alejandro Gober, pero este tampoco podría intervenir ya que, en su época de secretario, trabajó en la Cámara de Apelaciones junto al otro juez sospechado, el Dr. Raúl Da Pra. Una relación de amistad manifiesta es una causal más que suficiente para la inhibición entre pares en una investigación judicial.
Por ello, y hasta tanto se resuelva quién instruirá el expediente, donde Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra son sospechados de los delitos de cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, los magistrados se tomaron licencia y se pusieron a disposición de la Justicia.
“Es una cuestión que la Justicia necesita solucionar”
Así se refirió, ayer, la Dra. Fernanda Rosales, presidenta del Colegio de Abogados de Catamarca, al ser consultada sobre la viralización del video donde se ve, supuestamente, a los camaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra recibir dinero de una coima, para favorecer con la “revocación” de una prisión preventiva a un detenido, ya alojado en el penal de Miraflores. “Ciertamente, esto es grave. Es una cuestión que la Justicia necesita solucionar, para que el sistema vuelva a la transparencia y podamos tener una investigación que sea eficiente, eficaz, rápida y realizada con total responsabilidad y, por supuesto, la determinación de responsabilidades por parte del juri de enjuiciamiento (?)” expresó la funcionaria, quien agregó: “Si estos funcionarios judiciales -por Morales y Da Pra- son culpables de los hechos que se les endilgan, tienen que ser castigados con todas las consecuencias de la ley. No únicamente con la destitución, sino que sean responsables penalmente de sus actos. Creemos que esta es la única forma que la sociedad pueda tener confianza en el sistema judicial”.
Asimismo, la presidenta del Colegio expresó el malestar que a vox populi se hacía escuchar, desde que apareció el video en los distintos estrados de la Justicia provincial. “Esto -por el supuesto cobro de la coima- daña a una cantidad de funcionarios judiciales. Son muchos y de todos los fueros que trabajan incansablemente, que hacen una tarea responsable y honesta; entonces, si desde adentro del sistema no comenzamos a poner blanco sobre negro con quienes no cumplen con las reglas y cometen delitos, estamos en un problema”, finalizó.
