La Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Belén, resolvió elevar a juicio una causa por violencia de género que tiene como imputado a un empleado policial. La decisión fue adoptada por la fiscal Florencia Reartes Sesto, quien dio por finalizada la investigación penal preparatoria al considerar que existen elementos probatorios suficientes para sostener la acusación en esta instancia del proceso judicial.
El acusado —cuya identidad no será difundida con el objetivo de resguardar la integridad, privacidad y seguridad de la víctima— se desempeñaba como oficial ayudante de la Policía de Catamarca y tenía 29 años al momento de los hechos investigados. Según lo establecido en el requerimiento fiscal, el agente deberá responder por los delitos de "lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja previa y por violencia de género, y coacción", en concurso real.
Durante el desarrollo de la investigación, el Ministerio Público Fiscal incorporó una amplia variedad de pruebas que permitieron reconstruir lo sucedido y determinar la existencia de un contexto sostenido de violencia de género. Entre los elementos reunidos se encuentran la denuncia formal de la víctima, testimonios, pericias médicas, informes socioambientales y evaluaciones psicológicas, además de otras actuaciones que fueron valoradas de manera integral.
Con base en ese cúmulo probatorio, la fiscal Reartes Sesto concluyó que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron durante el año 2024 y que el imputado habría ejercido violencia física y psicológica contra quien entonces era su pareja. El grado de probabilidad alcanzado, según se indicó, resulta suficiente para habilitar la instancia de debate oral.
De acuerdo con la investigación judicial, el episodio principal tuvo lugar el 21 de marzo de 2024, alrededor de las 16 horas, en el domicilio del acusado. En ese momento, la víctima se encontraba en la vivienda de su pareja cuando se produjo una discusión entre ambos. En medio del conflicto, la mujer tomó el teléfono celular del imputado, lo que derivó en una reacción violenta por parte del acusado.
Siempre según la reconstrucción fiscal, el empleado policial golpeó a la mujer en ambos lados del rostro, la tomó del cuello, la asfixió y la arrinconó contra una pared, incrementando de manera significativa el riesgo para su integridad física. A continuación, la habría amenazado de muerte con el fin de obligarla a guardar silencio sobre lo ocurrido, generándole un cuadro de temor, intimidación y sometimiento.
La agresión no concluyó allí. De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la causa, el imputado le propinó posteriormente un golpe de puño en el pecho, provocando que la víctima cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Finalmente, siempre según la acusación, le introdujo el teléfono celular en la boca, causándole diversas lesiones que fueron posteriormente constatadas por profesionales médicos.
La Fiscalía remarcó que todo el episodio se produjo en un claro contexto de violencia de género, entendido no solo como un hecho aislado, sino como una manifestación de relaciones desiguales de poder y control, que derivaron en daños físicos y en afectaciones a la salud integral de la víctima.
Con la elevación a juicio, la causa ingresará ahora en una nueva etapa procesal, en la que un tribunal deberá analizar la prueba reunida y determinar la responsabilidad penal del imputado. Desde el Ministerio Público Fiscal reiteraron el compromiso institucional de investigar y llevar ante la Justicia los casos de violencia de género, independientemente de la función o el cargo que ocupe la persona acusada.
