A medidas que avanza las horas el escándalo que involucraría a dos jueces de la Cámara de Apelación suma nuevas hipótesis. Una de ellas es que en la reunión de esta mañana del tribunal de Jury de Enjuiciamiento, que integra la presidenta de la Corte de Justicia, Dra Vilma Molina, se hable sobre la denuncia anónima que llegó a su correo oficial -que es de público conocimiento- donde los jueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra son acusados de recibir dinero como pago de una coima.  Fuerte acusación que es acompañada por un vídeo, cuyas imágenes fueron tomadas en el despacho del juez Da Pra, en el edificio de la Cámara de Apelaciones. 

De acuerdo a los trascendidos, en caso de avanzar el diálogo entre los integrantes de la comisión del Juicio Político se podría solicitar el desafuero de los magistrados y someterlo al jury de enjuiciamiento. Esto, en el marco administrativo por el desempeño de los jueces que queda filmado en el vídeo, tal como es recibir dinero en su público despacho, por ejemplo. Investigación que se tramitaría en paralelo a la causa penal que recayó en principio en manos del flamante fiscal Barros de la Unidad de delitos contra la Administración Publica. 

En este aspecto vale aclarar que, si bien el fiscal cuenta con el vídeo y la denuncia anónima que llegó a la casilla de correo de la ministra, elemento que fueron entregados al momento de solicitase a través de la secretaria penal de la Corte en la apertura de la investigación, el fiscal no contaría con la presentación de ninguna persona, que hasta el momento haya trascendido, se hubiera presentado manifestando ser quien dio el dinero o bien a quien se lo habrían solicitado los jueces. Situación que mucho tiene que ver, según explicaron los profesionales del derecho con la responsabilidad penal que le cabria también a esta persona. 

A Morales y Da Pra se los acusa de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, necesitándose para que se configure penalmente este último delito de dos partes, una la que recibe (en este caso los magistrados) y la otra quien lo entrega. Si bien en el vídeo se observa a alguien dando lo que seria un sobre con dinero no se advierte de quien se trata. Sin embargo ambas investigaciones podrían, además de en lo penal concluir con un juicio oral y publico, retirarle los fueros a los funcionarios. 

En el caso de la parte penal, el fiscal debería remitirle las actuaciones al juez de Control de Garantías y abriendo una investigación ínter jurisdiccional avanzar o no en el desafuero de los dos magistrados de la Cámara de Apelaciones y exhorto de la provincia.