La investigación sobre Sur Finanzas, la financiera estrechamente vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, ha tomado un giro dramático en las últimas horas. Tras una serie de procedimientos que desnudaron una estructura destinada al lavado de activos y la evasión fiscal, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, bajo la dirección del juez Luis Armella, ha puesto sobre la mesa una carta que podría cambiar el destino de la causa: la figura del imputado colaborador.
El magistrado ha ofrecido formalmente a los cuatro empleados detenidos de la firma la posibilidad de acogerse a la Ley 27.304, el régimen previsto en el artículo 41 ter del Código Penal, comúnmente denominado "ley del arrepentido". Este mecanismo legal propone una reducción de pena para aquellos que aporten información precisa, veraz y comprobable que permita identificar a los responsables de mayor jerarquía o esclarecer delitos graves, identificar autores y detener a los responsables.
Los imputados, que permanecen privados de su libertad, no rechazaron la propuesta de plano, sino que manifestaron su intención de consultarlo con sus defensas técnicas. Para la Justicia, estos trabajadores no son meros subordinados, sino parte de un engranaje de encubrimiento y falsificación de pruebas que se activó ante los inminentes allanamientos del 1 de diciembre de 2025.
Los rostros del encubrimiento interno
La fiscalía ha identificado roles específicos para cada uno de los detenidos en lo que califican como un plan para frustrar el avance de la justicia mediante maniobras activas de ocultamiento:
- César Abilio Zapaia (Oficial de Cumplimiento): Acusado de ocultar, alterar y hacer desaparecer rastros de lavado. Se le imputa haber escondido computadoras y entregado dispositivos obsoletos a la policía para engañar a los investigadores.
- Juan Miguel Soler (Técnico Informático): Señalado como el responsable de "limpiar" equipos, borrar planillas ("plani") y desconectar programas de los cajeros en horarios de madrugada para eliminar registros contables.
- Daniela Eliana Sánchez (Secretaria de Ariel Vallejo): Presunta coordinadora del plan de "despatrimonialización", instruyendo el retiro de capital de las sucursales para dejar solo un "puchito" de dinero y ordenando el borrado de cámaras de seguridad.
- Rolando Esteban Soloaga (Jefe de Seguridad y Choferes): Alias "Rolo", encargado de comandar a los choferes y ocultar la flota de camionetas de la empresa, removiendo incluso el pegamento de los ploteados de seguridad.
Confesiones, chats y la "limpieza" de pruebas
El expediente judicial cuenta con evidencia digital contundente obtenida de las extracciones forenses. En uno de los intercambios del 10 de diciembre, César Zapaia se ufanaba ante Soler de haber escondido su teléfono y computadoras: "tmb lo escondí jajaja", escribió, jactándose de haber entregado teléfonos que "no tenían nada". Ante el juez, Zapaia intentó justificar la presencia de una notebook de Sur Finanzas en su casa alegando que la tomó como "reaseguro" por una supuesta falta de pago de haberes tras su renuncia, calificando sus propios chats como una actitud de "tarado" que quería hacerse el gracioso.
Por su parte, Juan Miguel Soler debió explicar mensajes recibidos a las 02:07 AM de parte de una superior agendada como "Susana Sur Finanzas", quien le ordenaba desconectar programas de los cajeros. Aunque el técnico afirmó que se trataba de limpiar "cookies o archivos temporales" para agilizar las máquinas, la Justicia sospecha de una eliminación de datos financieros. Soler admitió que recibía órdenes a cualquier hora de su jefe Ariel Vallejo, pero aseguró no recordar los detalles de la instrucción de Micaela Sánchez para borrar las "plani".
El botín de los allanamientos y el nexo con la AFA
Los 14 allanamientos realizados permitieron el secuestro de una importante cantidad de dispositivos y dinero. En el domicilio de Daniela Sánchez, en Adrogué, los investigadores hallaron no solo divisas (pesos, dólares, reales y pesos colombianos), sino también pases de cancha de River Plate y Racing Club, y plaquetas de reconocimiento entregadas a Ariel Vallejo por diversos clubes de fútbol.
El detalle técnico de lo incautado refuerza la tesis del juez Armella sobre el riesgo de entorpecimiento:
- Soportes informáticos: 7 CPUs en un corralón de Lomas de Zamora, discos externos, 5 pendrives, iPads y DVRs de cámaras de seguridad en sucursales de RDA Imágenes.
- Documentación: Cajas con facturas de empresas vinculadas, cuadernos con anotaciones y registros de operaciones de cambio efectuadas por ARS Cambio SAS.
- Vehículos: Una camioneta Toyota SW4 (dominio AC 201 VR) secuestrada en Turdera, a la cual se le había removido el ploteado que rezaba "TRASLADO DE VALORES MANTENGA DISTANCIA".
Mientras Daniela Sánchez y Rolando Soloaga optaron por el silencio en sus indagatorias, la presión sobre el resto de los detenidos aumenta. La investigación, originada por una denuncia de la DGI por una evasión de 3.327 millones de pesos, apunta ahora a determinar si esta estructura protegía intereses del fútbol profesional. Con las pruebas acumuladas, el destino de los detenidos —y su decisión de convertirse en colaboradores— determinará qué tan cerca llegará la justicia a las puertas de la AFA y de Claudio Tapia.