La justicia provincial ha puesto la mirada sobre una serie de maniobras ilícitas que afectan la transparencia en la entrega de soluciones habitacionales. La fiscal de instrucción N°1, Yesica Miranda, perteneciente al Distrito Sur, lidera actualmente una exhaustiva investigación destinada a identificar y procesar a un sujeto que actuaba como un falso gestor del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El núcleo de la pesquisa se centra en la promesa de entrega de inmuebles a cambio de importantes sumas de dinero, una práctica que vulnera los mecanismos oficiales de adjudicación y que ha generado una profunda preocupación en las autoridades competentes.
Hasta el momento, la estructura de la causa se sostiene sobre tres denuncias concretas que señalan al mismo sospeoso. La gravedad del asunto escaló a niveles institucionales cuando el propio Director de Adjudicaciones y Control de Viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda decidió formalizar una presentación judicial, sumándose a las acciones iniciadas previamente por ciudadanos damnificados. La unificación de estas causas bajo la órbita de la fiscalía de instrucción N°1 permite trazar un patrón común en el accionar del imputado, quien utilizaba su presunta influencia para engañar a familias en busca de su casa propia mediante promesas de agilización de trámites.
El modus operandi: promesas y supuestas influencias
La reconstrucción de los hechos, basada en los testimonios recogidos por la justicia, revela una metodología de captación basada en la confianza y el engaño. Según las denuncias presentadas por particulares durante el mes de enero, el sospechoso se presentaba ante sus víctimas como un facilitador con supuesta capacidad de agilizar la adjudicación de las viviendas. El engaño se sustentaba en gran medida en una red de contactos informales, ya que ambas denunciantes coincidieron en señalar que conocieron al imputado a través de terceros que aseguraban, de manera errónea o engañosa, haber recibido su propia vivienda precisamente mediante la gestión directa de esta misma persona.
Esta suerte de recomendación boca a boca servía como cebo para que los interesados accedieran a entregar dinero bajo la falsa creencia de que estaban sorteando los canales burocráticos legales. La investigación detalla que las tres denuncias, incluyendo la del organismo provincial, identifican a la misma persona como el gestor responsable de estas maniobras ilícitas. La participación del Estado como querellante refuerza la postura del IPV frente a los gestores externos no autorizados y busca deslindar cualquier responsabilidad institucional sobre estas acciones fraudulentas que se tramitan ahora en un mismo expediente judicial.
Medidas probatorias y reserva sumaria
Ante la contundencia de los relatos y la presentación de elementos probatorios, la Justicia ha comenzado a desplegar un abanico de medidas para cercar al sospechoso. Tanto los particulares afectados como el organismo provincial han aportado documentación relevante para la causa, la cual está siendo analizada minuciosamente por el equipo de la fiscal Miranda en el Distrito Sur. La evidencia entregada incluye registros y comprobantes que sustentan las acusaciones de estafa relacionadas con los inmuebles del organismo, consolidando una base probatoria sólida para las etapas venideras del proceso.
A pesar del avance en la recolección de pruebas y la identificación del sujeto, la fiscalía ha decidido mantener diversas medidas de investigación bajo reserva. Esta decisión estratégica responde a la necesidad imperiosa de proteger la pesquisa y evitar cualquier tipo de entorpecimiento que pudiera derivar en la desaparición de elementos de valor o en la fuga del principal sospechoso.
El resguardo de la integridad del proceso judicial es la prioridad actual para garantizar que los damnificados obtengan una respuesta de la justicia y que el sistema de adjudicación de viviendas recupere la transparencia afectada por estas maniobras de fraude inmobiliario.