La investigación judicial por el fentanilo contaminado continúa avanzando y, según fuentes del caso, en los próximos días podría conocerse el número final de víctimas, tanto fallecidas como sobrevivientes, que fueron inoculadas con el opioide adulterado. El proceso se encuentra en una etapa clave, con tareas de depuración y análisis que permitirán establecer con mayor precisión el alcance del daño provocado por el medicamento.
Antes de la finalización de la Feria Judicial los investigadores tienen previsto enviar las muestras al Cuerpo Médico Forense, un paso fundamental para cerrar el relevamiento definitivo de los casos vinculados al lote contaminado. Este procedimiento permitirá determinar con rigor científico cuántas personas resultaron afectadas por la sustancia y en qué circunstancias se produjeron los fallecimientos y complicaciones de salud.
Fuentes judiciales explicaron que durante el receso se realizó un extenso y complejo trabajo de depuración, orientado a ordenar la información acumulada en el expediente y a cruzar datos provenientes de distintos centros de salud. "Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante la feria", señaló una fuente allegada a la causa, al destacar la magnitud de la tarea encarada por los investigadores.
Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso con personas detenidas y procesadas. Entre ellas se encuentra Ariel García Furfaro, junto con otros accionistas y miembros del plantel de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados como responsables de la fabricación y distribución del fentanilo adulterado. Los investigadores sostienen que las irregularidades detectadas en el proceso productivo derivaron en consecuencias graves para la salud pública.
En el expediente, García Furfaro —quien es señalado como allegado a la familia Kirchner— fue imputado como "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales", en una causa que lo vincula con al menos 20 fallecimientos. Además, se le atribuye el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en carácter de coautor, configurando un concurso real de delitos.
Según consta en la investigación, al empresario se le imputa haber intervenido junto a 16 integrantes del plantel de ambos laboratorios en la toma de decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y venta del fentanilo adulterado. En particular, la causa pone el foco en el lote 31202, correspondiente al opioide, el cual estaba destinado al uso público sanitario y contaba con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024.
El escrito judicial al que accedió NA sostiene que las adulteraciones de la sustancia medicinal se produjeron a partir de un proceso de fabricación con múltiples falencias, muchas de ellas consideradas críticas. En ese sentido, se remarca que existieron diversas alertas previas sobre las irregularidades detectadas en el proceso productivo, las cuales no fueron atendidas por los responsables.
La investigación busca ahora cerrar el círculo probatorio y establecer con precisión el impacto sanitario del fentanilo contaminado, una causa que generó fuerte conmoción por tratarse de un medicamento de uso hospitalario. Con el envío de las muestras al Cuerpo Médico Forense y la finalización de los análisis pendientes, la Justicia apunta a definir el número definitivo de víctimas y avanzar hacia nuevas resoluciones en una de las investigaciones sanitarias más graves de los últimos tiempos.