El escenario judicial para las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ha tornado crítico. En una decisión que marca un punto de inflexión, el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Roberto Navas Rial, imputó formalmente este viernes al presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino. La acusación se centra en la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios y contribuciones de la seguridad social de empleados de la entidad y de diversos clubes de primera división.
La causa, que tramita ante el juzgado federal de Diego Amarante, surge tras una exhaustiva denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según el informe detallado por la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes, la AFA habría omitido el depósito de sumas que superan los 19.000 millones de pesos durante los últimos dos ejercicios fiscales.
Una estructura de impagos bajo la lupa
La denuncia penal, impulsada originalmente por Vanina Mariel Vidal, jefa de la Sección Penal de la División Jurídica del organismo recaudador, sostiene que los responsables de la AFA habrían retenido tributos y aportes sociales a los trabajadores, pero no los habrían depositado dentro de los plazos legales establecidos. El Régimen Penal Tributario establece que el incumplimiento pasados los 30 días corridos del vencimiento configura un delito punible, especialmente cuando los montos exceden con creces las condiciones objetivas de punibilidad vigentes.
En su requerimiento de instrucción, el fiscal Navas Rial no solo apuntó contra Tapia en su carácter de presidente y administrador de la clave fiscal de la institución, sino que, dada la complejidad de la estructura económica de la AFA, decidió extender la imputación a otros directivos de peso. Entre ellos figuran Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo, ambos vinculados estrechamente a la gestión de Toviggino y al entramado de empresas que orbitan alrededor de la tesorería de la calle Viamonte.
El frente judicial se multiplica
Esta imputación representa el primer avance formal de la Justicia contra la cúpula actual de la AFA, pero no es el único. La semana ha sido particularmente difícil para el tándem Tapia-Toviggino, quienes enfrentan otras dos causas de alto perfil: la investigación por presuntas irregularidades con la firma Sur Finanzas y la causa que indaga sobre el origen de los fondos de una lujosa mansión en Pilar, donde también se detectaron inconsistencias patrimoniales.
Fuentes judiciales aseguran que, de avanzar las pruebas recolectadas, los dirigentes podrían enfrentar procesos de procesamiento no solo por la retención de aportes jubilatorios, sino también por delitos vinculados a la evasión de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).
El impacto institucional
La cifra de 19.000 millones de pesos representa un agujero fiscal que pone en jaque la narrativa de orden económico que el oficialismo de la AFA ha intentado sostener en el último tiempo. El fiscal considera "indispensable" profundizar en los flujos de caja y en la responsabilidad de cada administrador para determinar por qué, a pesar de los millonarios ingresos que percibe la entidad por derechos televisivos y patrocinios, se postergaron las obligaciones básicas de la seguridad social.
Por estas horas, en los pasillos de la AFA reina el hermetismo. Mientras el juez Amarante evalúa las medidas de prueba solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, el mundo del deporte observa con atención un proceso que podría derivar en un recambio forzado de autoridades o en sanciones sin precedentes para el fútbol argentino.
