La fiscal de Instrucción N° 7, Paola González Pinto, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, lleva adelante una investigación por los hechos de hostigamiento hacia una adolescente, estudiante del Colegio Privado Pía Didoménico, que fueron relatados y difundidos a través de un video publicado en redes sociales.
La causa se inició a partir de una presentación realizada por la Asesoría de Menores. En ese marco, la fiscal dispuso medidas de resguardo y el secuestro de la evidencia digital vinculada con los hechos denunciados, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.
En paralelo, existen otras actuaciones en trámite ante el fuero penal juvenil. Esos procedimientos se desarrollan bajo la reserva que exige la ley para proteger la intimidad de las personas menores de edad. En ese ámbito, la adolescente afectada cuenta con medidas de protección y acompañamiento dispuestas para resguardar su situación.
Denuncias de familiares y allegados de la joven acusada de bullying
Mientras avanza la investigación principal, entre el sábado 24 y el lunes 26 de octubre, la Fiscalía recibió nuevas denuncias. En esta oportunidad, los denunciantes fueron familiares y allegados de la joven investigada por bullying hacia la estudiante.
Según manifestaron ante la Fiscalía, recibieron amenazas de muerte y de violencia sexual mediante llamadas telefónicas, mensajes y redes sociales. También denunciaron el envío de imágenes violentas y la difusión de sus domicilios y números de teléfono, situaciones que generaron preocupación por la exposición de su información personal y las intimidaciones recibidas.
Ante estas presentaciones, la fiscal González Pinto dispuso medidas de resguardo para todas las personas denunciantes. Como parte de esas acciones, se les requirió informar sus domicilios para implementar rondas policiales preventivas.
Además, ordenó preservar la evidencia digital y solicitó informes sobre los mensajes denunciados, con el propósito de reunir elementos que permitan determinar el origen y las características de las comunicaciones intimidatorias.
La investigación apunta a identificar a los responsables
La Fiscalía avanzará sobre cada uno de los hechos denunciados para identificar a sus autores, incluso en aquellos casos en los que se hayan utilizado perfiles falsos o anónimos para realizar amenazas, enviar mensajes o difundir información personal.
En ese contexto, el Ministerio Público advirtió que amenazar a una persona o difundir sus datos personales con la intención de intimidarla puede constituir delito. La advertencia se enmarca en una investigación que contempla tanto los hechos de hostigamiento denunciados inicialmente como las posteriores presentaciones realizadas por familiares y allegados de la joven investigada.
El análisis de la evidencia digital y los informes requeridos forman parte de las medidas dispuestas para avanzar en el esclarecimiento de las denuncias. Cada hecho será investigado de manera individual, con el objetivo de determinar quiénes participaron en las conductas denunciadas, aun cuando hayan intentado ocultar su identidad en entornos digitales.
El pedido del Ministerio Público para frenar la circulación del material
Frente a la difusión de los hechos en redes sociales, el Ministerio Público solicitó a la ciudadanía abstenerse de compartir el video, las imágenes, los nombres o cualquier dato personal de las personas involucradas.
El organismo remarcó que la circulación de ese material agrava el daño, expone a quienes ya son víctimas y no contribuye al esclarecimiento de lo sucedido. El pedido alcanza a todos los contenidos que permitan identificar a las personas involucradas, en un contexto en el que también se encuentran en trámite actuaciones ante el fuero penal juvenil, sujetas a la reserva legal destinada a proteger la intimidad de los menores de edad.
