El juicio oral y público contra el músico Cristian "Pity" Álvarez por un homicidio cometido en julio de 2018 comenzará finalmente el 10 de agosto, marcando un punto de inflexión en una causa que atravesó años de demoras e interrupciones.
El hecho que se le imputa ocurrió en el barrio Samoré de Villa Lugano, donde el ex líder de Viejas Locas habría asesinado a un hombre identificado como Cristian Díaz. Este episodio, que conmocionó tanto al ámbito judicial como al mundo de la música, será ahora objeto de análisis en un proceso que promete ser extenso y complejo.
De acuerdo con la información difundida por el sitio Fiscales, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió reanudar el proceso judicial y estableció la realización de 11 audiencias distribuidas entre agosto y septiembre.
Restricciones y condiciones judiciales
En el marco de esta reactivación, el tribunal también dispuso una serie de restricciones para Álvarez, quien actualmente tiene 53 años. Entre las principales medidas se destacan:
- Prohibición de salida del país.
- Imposibilidad de ausentarse de la Capital Federal sin autorización expresa.
- Supervisión directa del cumplimiento de estas condiciones por parte del tribunal.
Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro fueron quienes analizaron el pedido del fiscal federal Sandro Abraldes para reabrir la investigación, lo que terminó resultando determinante para el avance del expediente.
El recital que cambió el rumbo de la causa
Uno de los elementos centrales que impulsaron la reactivación del proceso fue el recital que Álvarez ofreció en el estadio Mario Alberto Kempes. Según el dictamen del fiscal Abraldes, ese evento constituyó una evidencia clave para reevaluar su estado mental.
En su análisis, el fiscal sostuvo:
- El show, de tres horas de duración, evidenció una coordinación cognitiva sostenida.
- Se observó una interacción fluida con el público.
- El músico demostró memoria operativa, recordando letras y secuencias.
- Exhibió tolerancia al estrés en un contexto de alta exigencia.
- Mantuvo una organización conductual compleja durante toda la presentación.
Abraldes fue categórico al señalar la existencia de una "disonancia objetiva" entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y el comportamiento reciente del imputado en un entorno de elevada demanda cognitiva y emocional.
Antecedentes: detención y suspensión del juicio
Álvarez había sido detenido en julio de 2018, poco después del hecho, tras confesar el crimen. En aquel momento, el proceso judicial avanzó hacia la instancia de juicio oral, que estaba previsto para comenzar tres años después.
Sin embargo, el desarrollo del debate quedó abruptamente interrumpido cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico presentaba una incapacidad mental que le impedía afrontar un juicio. Este diagnóstico, basado en su estado psiquiátrico, resultó determinante para la suspensión del proceso.
Esa evaluación marcó un punto de estancamiento en la causa, que permaneció paralizada hasta la reciente reconsideración impulsada por la fiscalía.
Otras acusaciones en su contra
Además del homicidio, el expediente judicial de Álvarez incluye otra causa relevante. El músico está acusado de:
- Amenazar a su manager y amiga.
- Agredir físicamente a la misma persona.
- Privarla ilegítimamente de la libertad.
Estos hechos habrían ocurrido en noviembre de 2016, sumando complejidad al panorama judicial que enfrenta el artista.
Un juicio con múltiples dimensiones
La inminente realización del juicio no solo reabre el análisis sobre el crimen ocurrido en Villa Lugano, sino que también pone en el centro del debate cuestiones vinculadas a la capacidad mental del imputado, la validez de los informes periciales y la interpretación de conductas recientes como indicadores de aptitud procesal.
Con 11 audiencias programadas y un contexto cargado de antecedentes, el proceso se perfila como un caso de alto impacto, tanto por la figura pública del acusado como por las circunstancias que rodearon la suspensión y posterior reactivación del juicio.
El 10 de agosto marcará así el inicio de una etapa decisiva, en la que la Justicia deberá determinar responsabilidades en un expediente que lleva más de seis años atravesando instancias complejas y controversiales.