Lo que comenzó como unas vacaciones entre amigas en las exclusivas playas de Ipanema ha derivado en un complejo laberinto judicial y un fenómeno de violencia digital sin precedentes para la abogada argentina Agostina Páez. La joven de 29 años, oriunda de Santiago del Estero, se encuentra actualmente en el centro de una tormenta mediática y legal en Brasil, tras ser imputada por el delito de injuria racial. Mientras el proceso avanza bajo la mirada atenta de la opinión pública, la profesional ha denunciado formalmente ser blanco de una incesante ola de amenazas de muerte y agresiones verbales que han inundado sus perfiles públicos en diversas redes sociales.
La situación de Páez escaló dramáticamente tras la difusión masiva de un video que capturó un altercado en un restaurante carioca durante el mes de enero. En las imágenes, que se volvieron virales en cuestión de horas, se observa con claridad a la abogada realizando gestos que simulan a un mono frente a un grupo de empleados del establecimiento. Este hecho, lejos de quedar en una simple anécdota de viaje, activó los mecanismos más severos de la legislación brasileña, que mantiene a la argentina bajo un régimen de medidas cautelares estrictas tras haber sido detenida inicialmente en Río de Janeiro.
El caso: de la discusión por una cuenta a la tobillera electrónica
El incidente que cambió el destino de Páez se originó, según su propia versión, por una presunta cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con sus amigas. En su declaración ante las autoridades policiales, la santiagueña intentó minimizar lo ocurrido asegurando que sus gestos eran simplemente una "broma" interna y alegó desconocer que tales conductas constituyeran un delito penal en territorio brasileño. Sin embargo, la fiscalía ha presentado una narrativa diametralmente opuesta basada en pruebas contundentes. Los fiscales del caso destacaron elementos que agravan su situación, señalando que la imputada llamó a los empleados "negros" de forma ofensiva y "monos" en reiteradas ocasiones, lo cual fue corroborado por testigos y el monitoreo de las cámaras de seguridad del local.
La justicia brasileña también puso el foco en la actitud de una de las acompañantes de la abogada, quien habría intentado evitar que Páez continuara con las agresiones, lo que para los investigadores demuestra una clara conciencia de la ilicitud del acto por parte del entorno. Tras un intento de fuga detectado por las autoridades, el tribunal le impuso la prohibición absoluta de salir del país y la colocación de una tobillera electrónica. Para el Ministerio Público, los hechos extrapolaron cualquier contexto de discusión trivial o malentendido, golpeando directamente a las víctimas de manera peyorativa y discriminatoria.
Hostigamiento digital y discursos cruzados
En paralelo al expediente judicial, la batalla se libra con igual ferocidad en la esfera digital. Agostina Páez ha denunciado recibir millones de mensajes violentos en sus cuentas públicas, publicando capturas de pantalla donde se leen amenazas contundentes tanto en portugués como en español. Entre los comentarios más agresivos se encuentran frases como "Vas a morir", "Racista vagabunda" y pedidos de pena de muerte, muchos de ellos acompañados por símbolos de calaveras. El nivel de hostilidad ha llegado incluso a reproducir amenazas de violencia sexual, sugiriendo su traslado a cárceles masculinas para que aprenda sobre las consecuencias de sus actos.
No obstante, el fenómeno digital también muestra una polarización inquietante. Muchos usuarios han utilizado las redes para reproducir los mismos discursos racistas que llevaron a la abogada libertaria ante la justicia, defendiendo su accionar con insultos hacia los ciudadanos brasileños y tildando de vergüenza el accionar del país vecino. Esta marea de odio en ambas direcciones ha complicado la situación pública de la abogada, cuyas redes sociales previas al conflicto ya contenían consignas que, según se investiga, promovían el odio racial.
El rigor de la ley brasileña frente al racismo
La justicia de Brasil ha endurecido históricamente su postura frente a los delitos de odio, y el caso de Páez no parece ser la excepción. La abogada penalista carioca Carla Junqueira señaló que la situación es sumamente delicada, especialmente porque en el video registrado se escucha a la argentina reiterar al menos tres veces las palabras "mono" y "negro de mierda". Según la letrada, las publicaciones posteriores de la santiagueña cuestionando las decisiones judiciales y pidiendo regresar a su país natal solo han servido para empeorar su posición ante los magistrados locales.
Es fundamental comprender que el delito de injuria racial en Brasil estipula penas que van desde los dos hasta los cinco años de prisión efectiva, sin posibilidad de fianza. Junqueira advirtió que actualmente existen cerca de 297 brasileños presos por racismo, subrayando que el sistema judicial no otorgará ningún tipo de tratamiento diferenciado a Páez por su condición de extranjera. A principios de febrero, la justicia brasileña rechazó el habeas corpus presentado por su defensor, Sebastián Robles, quien pretendía que la joven continuara el proceso desde Argentina. Con esta negativa, Páez permanece retenida en suelo brasileño, enfrentando un juicio que marca un precedente sobre la intolerancia de ese país hacia las agresiones discriminatorias.