La investigación jurisdiccional destinada a determinar si corresponde solicitar el desafuero del diputado provincial Javier Galán atraviesa una instancia de estancamiento procesal que modifica los tiempos inicialmente previstos para su resolución. El expediente, que tenía como horizonte el próximo 30 de junio para una definición dentro de esta etapa, no alcanzará esa fecha con una conclusión debido a una serie de planteos presentados por la defensa del legislador.
La causa se originó a partir de cuatro denuncias por presunto abuso sexual y se encuentra bajo la conducción del juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago. Debido a la condición de legislador provincial del MID y a los fueros que posee en el ejercicio de su cargo, la investigación presenta características particulares que diferencian este procedimiento de una causa penal ordinaria.
En este contexto, corresponde al magistrado reunir los elementos de prueba necesarios para determinar si existen fundamentos suficientes que justifiquen solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador. Solo en caso de que se avance en ese sentido y el cuerpo legislativo lo autorice, Galán podría ser sometido a un proceso penal en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.
Las objeciones planteadas por la defensa
El desarrollo de la investigación se vio alterado por una serie de recursos y oposiciones presentados por la defensa de Javier Galán contra distintas decisiones adoptadas durante el trámite judicial.
Entre los cuestionamientos formulados se encuentra la constitución de querellantes dentro de la causa. Asimismo, la defensa objetó el inicio mismo de la investigación jurisdiccional impulsada en el expediente y también presentó reparos respecto de varias de las medidas probatorias que fueron ordenadas por el juez Marcelo Sago.
Estos planteos generaron una instancia de revisión judicial superior que impide, por el momento, que la investigación continúe avanzando hacia una resolución definitiva respecto del eventual pedido de desafuero.
La intervención de la Cámara de Apelaciones
Como consecuencia de las impugnaciones realizadas, el expediente fue remitido a la Cámara de Apelaciones, tribunal que tendrá la responsabilidad de analizar cada uno de los recursos presentados.
La revisión se llevará adelante mediante una audiencia oral, instancia en la que se evaluará la legalidad y validez de las decisiones adoptadas por el juez de Control de Garantías N°4. Los camaristas deberán resolver si las medidas cuestionadas se ajustan al marco procesal correspondiente o si, por el contrario, existe alguna circunstancia que justifique su anulación.
Hasta tanto ese tribunal emita un pronunciamiento, los plazos de la investigación permanecerán suspendidos. Esta situación genera una pausa formal en el trámite y posterga cualquier definición relacionada con el futuro de la causa.
Las medidas probatorias realizadas durante la investigación
Antes de la suspensión de los plazos, la investigación avanzó con diversas medidas destinadas a reunir información y elementos de análisis vinculados a las denuncias. Entre las diligencias ordenadas durante los últimos meses se encuentran:
- Pericias psicológicas.
- Geolocalización de teléfonos celulares.
- Registros domiciliarios.
- Reconocimiento de lugares.
- Análisis de dispositivos electrónicos.
Estas medidas forman parte del conjunto de actuaciones impulsadas en la etapa investigativa para reunir evidencia que permita al magistrado adoptar una decisión fundada sobre la continuidad del proceso.
Uno de los aspectos que fue particularmente cuestionado por la defensa está relacionado con el procedimiento utilizado para extraer información del teléfono celular de una de las denunciantes. Este planteo integra el conjunto de recursos actualmente bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.
Qué ocurrirá una vez resueltos los recursos
La resolución de los planteos defensivos marcará el rumbo inmediato de la investigación. Una vez que la Cámara de Apelaciones emita su decisión, el expediente retornará al juzgado a cargo de Marcelo Sago. Recién en ese momento se reactivarán los plazos procesales que hoy permanecen suspendidos. A partir de allí, el magistrado deberá continuar con la evaluación de las actuaciones y determinar si los elementos reunidos durante la investigación resultan suficientes para avanzar hacia un pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados.
La otra alternativa procesal prevista es el archivo de las actuaciones, decisión que también quedará supeditada al análisis integral de la prueba incorporada y a la resolución de los recursos actualmente pendientes.
De este modo, la causa que involucra al diputado provincial Javier Galán ingresa en una etapa de espera judicial en la que la decisión de la Cámara de Apelaciones será determinante para establecer la validez de las actuaciones realizadas hasta el momento y definir los próximos pasos de una investigación que, por ahora, permanece en pausa.