Una investigación policial y judicial iniciada a partir de la desaparición de una adolescente de 13 años derivó en una causa de fuerte impacto en Córdoba, donde se investigan presuntos hechos de grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores.
La adolescente cuya desaparición había sido denunciada por su familia pudo ser localizada con vida. Sin embargo, el análisis de su teléfono celular abrió una nueva línea de investigación al permitir detectar conversaciones, imágenes y contactos de contenido sexual con distintos hombres adultos.
A partir de ese peritaje, la Justicia comenzó a profundizar sobre los vínculos establecidos entre las adolescentes y los adultos involucrados. La causa está a cargo de la fiscal Analía Cepede, quien logró determinar hasta el momento que los adultos habrían contactado a las adolescentes mediante mensajes en redes sociales y les habrían solicitado imágenes sin ropa.
En algunos casos, además de los contactos digitales, se habrían producido encuentros presenciales, un elemento que derivó en imputaciones diferentes según las circunstancias que pudieron ser acreditadas durante la investigación.
Tres menores incorporadas como víctimas
Hasta el momento, son tres las menores incorporadas a la causa como víctimas, aunque la investigación no descarta que ese número pueda aumentar a medida que avance la etapa de instrucción. La misma posibilidad existe respecto de los acusados, ya que la pesquisa continúa buscando establecer el alcance de los contactos y las responsabilidades individuales.
La investigación permitió establecer que los números telefónicos de las adolescentes circulaban entre hombres que se conocían o compartían ámbitos cotidianos. Sin embargo, por el momento, los investigadores no habrían encontrado elementos suficientes para afirmar la existencia de una red criminal.
Ese aspecto permanece bajo análisis, mientras la Justicia intenta determinar cómo se produjeron los contactos, qué personas participaron y cuál fue el alcance de las situaciones investigadas.
Del contacto en redes a los encuentros presenciales
La causa diferencia las situaciones de acuerdo con los hechos que pudieron ser establecidos hasta ahora. Cuando se determinó que existió contacto digital con una finalidad sexual, la acusación contempla el delito de grooming. En cambio, cuando se acreditaron encuentros presenciales y contacto sexual, se avanzó con imputaciones por abuso sexual con acceso carnal.
La investigación también encontró elementos vinculados con la obtención de imágenes de desnudos. En determinados casos, los investigadores determinaron la existencia de contraprestaciones económicas a cambio de las fotografías solicitadas a las adolescentes.
Entre las situaciones comprobadas, se registraron entregas de hasta $80.000. Para la fiscal Cepede, la vulnerabilidad socioeconómica de las adolescentes y de sus familias constituye un factor significativo para explicar de qué manera los adultos habrían logrado manipularlas.
Según la investigación, todas las víctimas compartirían características vinculadas con esa situación de vulnerabilidad social.
La investigación sobre los implantes anticonceptivos
Uno de los elementos que amplió el alcance de la causa surgió durante los exámenes médicos y psicológicos realizados en el Polo de la Mujer. La fiscal Cepede confirmó a Cadena 3 que las víctimas tenían colocado un implante anticonceptivo, conocido como chip, desde hacía al menos dos años. De acuerdo con la información de la causa, los dispositivos habrían sido colocados cuando las menores tenían alrededor de 11 años de edad.
El dato apareció cuando, durante los exámenes, se consultó a las adolescentes sobre sus antecedentes relacionados con métodos anticonceptivos.
A partir de esa información, la Justicia incorporó una nueva línea de análisis: determinar la eventual responsabilidad del sistema de salud y de los hospitales locales en relación con la colocación de esos dispositivos a menores de edad.
De esta manera, la investigación ya no se concentra exclusivamente en los contactos entre adultos y adolescentes a través de redes sociales ni en los presuntos encuentros posteriores, sino que también contempla las circunstancias vinculadas con los implantes anticonceptivos detectados durante las evaluaciones médicas y psicológicas.
Nueve detenidos
La causa tiene hasta el momento nueve personas detenidas. Todas las detenciones se produjeron en Villa de María del Río Seco, localidad ubicada en el norte de Córdoba. A fines de julio fueron detenidas siete personas y durante el último fin de semana se concretaron otras dos detenciones. De esta manera, el número total de detenidos llegó a nueve.
Todos permanecen alojados en la cárcel de Cruz del Eje, mientras continúa la etapa de instrucción de la causa.
El proceso judicial busca avanzar sobre los hechos denunciados, establecer las responsabilidades individuales y determinar si existen más víctimas o acusados vinculados con las situaciones investigadas.
Un asesor de un legislador, entre los acusados
Entre los detenidos aparece José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores.
Villarreal está acusado de abuso sexual con acceso carnal. Flores reconoció que Villarreal trabajaba para él, aunque señaló que ya había solicitado su desvinculación después de conocer su situación.
El vínculo laboral también aparece mencionado en la causa por la fiscal Cepede. Allí se consigna que Villarreal figuraba como asesor del legislador, aunque la investigación apunta a determinar qué tareas realizaba efectivamente.
La situación de Villarreal incorpora así una dimensión institucional a una investigación que ya involucra a nueve detenidos y que continúa bajo la conducción de la Fiscalía.