El juez de Control y Faltas Número 7 de la ciudad de Córdoba, José Milton Peralta, confirmó la elevación a juicio contra Edgar Adhemar Bacchiani por la supuesta comisión de estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas.
Así validó el requerimiento de la fiscal de Instrucción Valeria Rissi, informó la Justicia de Córdoba.
Según la acusación Adhemar Bacchiani, quien se autodenominaba como “trader god” (“dios del comercio”), habría montado en la capital cordobesa una sucursal de su empresa Adhemar Capital SRL mediante la cual “habría captado numerosas víctimas que aportaron grandes sumas de dinero para ser invertidas en criptodivisas”.
De acuerdo a la investigación de la fiscal, “Bacchiani firmaba contratos de mandato de inversión por seis meses y se comprometía a pagar mensualmente intereses que oscilaban entre el 13% y el 18% como así también a restituir el capital aportado al finalizar el contrato”.
“Sin embargo, ni los intereses mensuales ni el capital invertido en criptoactivos les fueron devueltos a sus clientes”, aseguraron fuentes judiciales.
En la causa hay más de 50 damnificados y algunos de ellos habrían aportado hasta 200 mil dólares.
Defensa
La defensa del imputado negó la calificación de “estafa” (artículo 172 del Código Penal), sostuvo que se trató de “un incumplimiento contractual” y que Bacchiani “no había participado en los hechos, pues él no había contactado personalmente con los damnificados”, agregaron las fuentes.
El juez Peralta concluyó que existen “fuertes indicios” para fundamentar la calificación de “estafa” tales como que “el imputado haya otorgado pagarés a título personal para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones; pero que, al mismo tiempo, haya colocado muchísimos de sus bienes a nombre de ´testaferros´”.
También consideró que, “conforme sus ejercicios contables, la rentabilidad de la empresa en años anteriores había sido mucho menor a lo que Bacchiani prometía a sus clientes en estos casos”.
Participación
El juez entendió que Bacchiani fue “el autor mediato de los hechos”. “Pues, si bien quienes contactaron a los damnificados fueron sus dependientes, estos lo habrían hecho inducidos a error por el imputado. Puesto que, en principio, no habrían tenido conocimiento de la maniobra”, concluyó Peralta.
