Un megaoperativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes culminó con 84 detenidos tras una serie de procedimientos simultáneos realizados en 17 provincias argentinas, la Ciudad de Buenos Aires y otros 15 países. La acción, denominada "Aliados por la Infancia VI", fue coordinada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CIJ), consolidando un esquema de cooperación que articula recursos tecnológicos y judiciales a escala global.
El operativo incluyó un total de 270 allanamientos, de los cuales 68 se llevaron a cabo en Argentina, distribuidos en Capital Federal y las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán.
En paralelo, los procedimientos internacionales se desplegaron en múltiples países con la siguiente distribución:
- 159 allanamientos en Brasil
- Siete en Panamá y en República Dominicana
- Cinco en Guatemala, Uruguay y Paraguay
- Cuatro en Costa Rica y en España
- Tres en Perú
- Uno en Puerto Rico, Honduras y Francia
Este despliegue simultáneo permitió avanzar sobre estructuras delictivas que operan de manera coordinada en distintos territorios.
Detenciones y delitos investigados
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos 84 sospechosos, acusados de delitos vinculados con la tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.
Del total de arrestos 26 se registraron en Argentina y 58 ocurrieron en el resto del mundo. Las detenciones representan un avance significativo en la desarticulación de redes que operan en entornos digitales y que requieren abordajes coordinados entre jurisdicciones.
Investigación digital y detección de redes
La operación se sustenta en investigaciones impulsadas por la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien encomendó al CIJ la utilización de herramientas tecnológicas específicas para la identificación de sospechosos.
Entre los recursos empleados se destacan la ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System) y el CPS (Child Protection System). Estas plataformas permiten detectar usuarios de redes P2P que distribuyen material de abuso sexual infantil, así como analizar reportes provenientes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).
A partir de estas herramientas, la Unidad de Cibercrimen del CIJ logró identificar domicilios en distintos puntos del país:
- 15 en Ciudad de Buenos Aires
- 11 en Santa Cruz
- Ocho en la provincia de Buenos Aires
- Cuatro en Córdoba, Jujuy y Misiones
- Tres en Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Chubut
- Dos en Catamarca y Salta
- Uno en Chaco, Formosa, Neuquén, Tucumán, San Luis, Santiago del Estero y Santa Cruz
La información recolectada fue remitida a las jurisdicciones correspondientes, donde se profundizaron las investigaciones y se realizaron tareas de verificación de domicilios.
Próximos pasos judiciales
El fiscal general a cargo del Ministerio Público Fiscal de CABA, Martín López Zavaleta, destacó la magnitud del operativo y su coordinación internacional. "Estamos muy conformes con los resultados que obtuvimos y donde participaron varios países coordinados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo de actividades son muy importantes porque nos constituimos como coordinadores generales", señaló.
Además, remarcó la complejidad de realizar allanamientos simultáneos en múltiples países y el objetivo de avanzar sobre las redes delictivas: "Estamos desarticulando redes que trafican este tipo de imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, yendo hacia el fondo: yéndolos a buscar, llevándolos detenidos, secuestrándoles todo el equipo donde tienen guardadas estas imágenes, investigando también si no son —además de tenedores de este tipo de material— autores de delitos de abuso sexual".
Por su parte, la fiscal Daniela Dupuy explicó que la siguiente etapa del proceso será el análisis de los dispositivos secuestrados. "Lo que sigue ahora, después de este trabajo en equipo excelente y con esta nueva gestión del doctor Martín López Zavaleta; es el análisis de los dispositivos de almacenamiento informático por parte del CIJ", indicó. En ese sentido, anticipó que se evaluará si los casos avanzan a juicio o si se opta por vías alternativas como los juicios abreviados, siempre en diálogo con las defensas.
Cooperación internacional
La secretaria general a cargo del CIJ, Bárbara Moramarco, subrayó el rol clave de la cooperación internacional en este tipo de investigaciones. "La intervención del Ministerio Público Fiscal, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, no hace más que evidenciar que la cooperación internacional constituye un presupuesto ineludible y un instrumento esencial para el abordaje eficaz de estas modalidades delictivas de carácter transnacional", afirmó.
La operación "Aliados por la Infancia" se consolida así como un esquema de trabajo conjunto orientado a combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales, con acciones simultáneas en múltiples países.
Origen del operativo y articulación institucional
El origen de esta iniciativa se encuentra en el trabajo articulado entre:
- La Embajada de los Estados Unidos en Argentina
- El U.S. Department of Homeland Security
- El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del CIJ
A partir de esta colaboración, la Argentina firmó un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center (Fox Valley Technical College), lo que permitió acceder al sistema ICACCOPS. Asimismo, se incorporó la plataforma CPS, desarrollada por la ONG Child Rescue Coalition, que posibilita la identificación en tiempo real de usuarios involucrados en estas actividades.
En conjunto, estos recursos consolidan una estructura de investigación que combina tecnología, coordinación internacional y acción judicial, en un esfuerzo sostenido por enfrentar delitos complejos que trascienden fronteras.
