La justicia local ingreso desde el último viernes hasta el próximo lunes 28 de julio en la llamada feria judicial del receso invernal. Al retomar las actividades el próximo mes, una resonante causa mediática será ventilada en la Cámara Penal n°2 a cargo del juez Silvio Martoccia.
Se trata de la denominada causa de las órdenes truchas de la OSEP, en la que ocho médicos llegarán al banquillo de los acusados por la supuesta falsificación para obtener beneficios económicos de la obra social de los empleados públicos de la provincia.
La maniobra fraudulenta de los profesionales, tipificada por la justicia como fraude en perjuicio de la administración pública, salió a luz en el año 2023, aún cuando los hechos datarían desde el 2003.
Durante la investigación judicial el fiscal logro establecer que los profesionales de la salud habrían sobre facturado cargando órdenes truchas para luego ser facturadas a la obra social. Según pudo conocer La Unión, la causa no sería debatida en un juicio oral sino que los profesionales accederían a la probation, es decir, a la suspensión del juicio a prueba.
Los ochos profesionales imputados repararían la "estafa" provocada en perjuicio del Estado y la sociedad con tareas comunitarias.
Es decir, que prestarían sus servicios médicos en postas y centro de salud pública de forma gratuita para la comunidad por el mismo tiempo en el que dure la probation.
Lo que representa un "remedio procesal" a más de una década de ocurrido el hecho del que será beneficiada la comunidad en su conjunto. Al tiempo que los profesionales deberán además pagarle a la obra social el monto de dinero que recibieron por la facturación de las órdenes truchas, esto en valor actualizado al precio del dólar actual.
Por otra parte, consultado al respecto, el fiscal de Cámara Dr. Augusto Barros expreso que desde el ministerio público fiscal se hará todo lo que esté dentro de la ley en favor de la justicia y el Estado.
Diferencia
La reparación de probation cabe aclarar no es lo mismo que la "reparación integral" ya que los ochos médicos imputados quedan sujetos al control jurisdiccional, es decir del juez, durante el tiempo que dure esta medida. Este controlará el cumplimiento de la medida, resultando en abstracto un beneficio para la sociedad en su conjunto, cuyos vecinos podrán recibir de forma gratuita en centros de salud pública barriales la atención médica de los profesionales imputados.
Estos de esta manera devolverán a la sociedad en servicio el fraude que ocasionaron al Estado en el año 2013 y su accionar no quedará en una mera condena en suspenso, teniendo en cuenta el tipo de delito endilgado a los profesionales de la salud.