El exintendente de Bañado de Ovanta, Ramón Elpidio Guaraz, debía enfrentar desde este jueves un nuevo juicio en el marco de una causa que investiga el presunto uso de la estructura municipal para disponer la clausura de un comercio en 2021. El debate iba a comerzar en el Juzgado Correccional N.º 1, donde el acusado tenía que responder por el delito de abuso de autoridad en calidad de autor, a raíz de una medida que habría ordenado de manera arbitraria contra una farmacia. A último momento, el debate fue postergado para el 22 de octubre. Fuentes judiciales indicaron a La Unión que la modificación de la fecha está relacionado con el cambio de abogados de la defensa de Guaraz.
Esto aconteció luego que el condenado fuera trasladado desde el Servicio Penitenciario hasta la sede judicial para comparecer ante el juez Marcelo Forner, quien es quien estará a cargo del proceso. La audiencia, más allá del cambio de defensa, abre una nueva instancia judicial para el exjefe comunal, que actualmente cumple una condena firme de nueve años de prisión por delitos contra la integridad sexual.
La nueva causa tiene como eje una decisión adoptada durante su gestión al frente del municipio de Bañado de Ovanta. Se trata de la clausura de un establecimiento comercial perteneciente a Shirli Cordero, una medida cuya legalidad fue cuestionada y que, según la denuncia, habría estado motivada por un conflicto personal entre la comerciante y el entonces intendente.
El proceso deberá establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder por los hechos denunciados y determinar si existió un uso indebido de las atribuciones propias de la función pública para intervenir sobre una actividad comercial por motivos ajenos al interés administrativo.
La denuncia apunta a una represalia personal
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el supuesto vínculo entre la clausura del comercio y una situación personal que habría enfrentado a Guaraz con la propietaria del establecimiento. De acuerdo con la denuncia, el exintendente habría dispuesto la medida contra el local luego de que Cordero rechazara sus insinuaciones amorosas y sexuales. La presentación sostiene que la clausura habría funcionado como una represalia frente a la negativa de la mujer, utilizando para ello las facultades y los recursos institucionales de los que disponía el entonces jefe comunal.
La acusación plantea, de este modo, que la decisión de cerrar el establecimiento no habría respondido a razones administrativas legítimas, sino a un conflicto personal. Sin embargo, estos señalamientos constituyen el núcleo de los hechos que deberán ser examinados durante el debate judicial, en el que se buscará establecer qué ocurrió y qué responsabilidades pueden atribuirse al acusado.
El delito de abuso de autoridad, por el que Guaraz deberá responder en calidad de autor, se vincula en esta causa con la presunta utilización arbitraria de las atribuciones municipales para ordenar la clausura de la farmacia.
El decreto municipal que ordenó el cierre de la farmacia
La clausura del establecimiento quedó formalizada mediante un decreto municipal que dispuso el cierre del comercio. Esa disposición constituye uno de los elementos centrales del caso, debido a que fue el instrumento administrativo mediante el cual se concretó la medida cuestionada.
Según la información de la causa, el decreto fue posteriormente anulado por la Corte de Justicia de Catamarca. La decisión del máximo tribunal provincial constituye un antecedente relevante dentro de la historia del conflicto, ya que dejó sin efecto la disposición municipal que había ordenado el cierre del negocio.
Cinco testigos estaban previstos para hoy
Como parte de las actividades previstas para este jueves, que ahora se reprogramaron , estaba la declaración de cinco testigos. Sus testimonios se incorporarán al desarrollo del debate judicial, que buscará esclarecer las circunstancias relacionadas con la clausura del comercio y los hechos denunciados por Shirli Cordero.