En una jornada marcada por una intensa actividad procesal, el Juez Federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con la supervisión de la secretaria Vanesa Curcio y el impulso de la fiscal federal Cecilia Incardona, ordenó este jueves la realización de 14 allanamientos simultáneos. Esta nueva fase de la investigación se desencadenó tras la comprobación de un hecho de extrema gravedad institucional: la existencia de un plan sistemático para borrar pruebas y obstaculizar el avance de la justicia en la causa que investiga a la firma Sur Finanzas.
La estructura judicial, que cuenta con la colaboración de organismos especializados, ha logrado acreditar que dentro de la financiera operaba una organización jerárquica dedicada específicamente a la eliminación de evidencias ligadas a operaciones sospechosas de lavado de activos. Los procedimientos actuales se desarrollan en puntos estratégicos como Lomas de Zamora, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pinamar, abarcando desde oficinas y domicilios particulares hasta galpones vinculados a empresas como RDA y Sur Corralón, con el fin de reconstruir la operatoria financiera bajo sospecha.
Hasta el momento, el saldo de las diligencias arroja cuatro personas detenidas y otras tres que serán notificadas para prestar declaración indagatoria ante las autoridades. El origen de estas detenciones radica en el hallazgo de chats internos que revelaron que, durante los primeros días de diciembre pasado, la cúpula de la financiera activó un protocolo de emergencia.
Este esquema de ocultamiento incluyó maniobras coordinadas para garantizar la impunidad de los implicados, tales como el borrado de registros de las cámaras de seguridad de la sede, el retiro de grandes sumas de dinero en efectivo para evitar su incautación, el formateo de computadoras y la desconexión de sistemas internos de gestión. Además, se detectó el ocultamiento de dispositivos electrónicos y de almacenamiento para impedir el acceso a la información contable sensible que la Justicia busca asegurar.
La investigación ha puesto especial énfasis en el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos de la entidad, quien habría enviado instrucciones directas a un contacto identificado como Juan Soler. La orden era taxativa al solicitar que se ingresara a las computadoras de los cajeros para desconectar los programas, una acción que buscaba inutilizar los sistemas informáticos para impedir cualquier rastreo de las operaciones sospechosas que hoy se encuentran bajo análisis judicial. Los dispositivos electrónicos de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, ya han sido desbloqueados y están bajo el análisis de la Policía Federal. El peritaje es parte de un trabajo conjunto de alta complejidad que involucra a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El entramado con la AFA y los vínculos políticos
El expediente judicial avanza sobre el funcionamiento interno de la compañía liderada por el empresario Ariel Vallejo, quien posee vínculos cercanos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. La relación entre la financiera y la entidad madre del fútbol argentino es un punto nodal de la pesquisa, que ya ha derivado en allanamientos previos en la sede de la propia AFA, así como en clubes de la primera división, entre ellos Banfield y Argentinos Juniors.
A partir de estas medidas, los investigadores detectaron un flujo de transferencias sospechosas por más de $800 mil millones desde el año 2020 a la fecha. La Justicia sostiene que para canalizar estos fondos de origen presuntamente ilícito se habrían utilizado monotributistas sin capacidad económica real para operar tales montos y empresas fantasma creadas al solo efecto de mover capitales. También se investiga a empresas constructoras vinculadas al ámbito futbolístico, como Construcciones TAR, que habrían participado en las maniobras.
Deuda impositiva y préstamos bajo sospecha
La causa tuvo su génesis en noviembre, cuando la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia formal ante la fiscalía de Cecilia Incardona por maniobras que habrían permitido una evasión fiscal de $3.327 millones. Asimismo, la denuncia advirtió sobre el uso sofisticado de billeteras virtuales y criptomonedas para el blanqueo de fondos.
Otro de los ejes de la investigación se centra en la relación de Sur Finanzas con instituciones deportivas en crisis, sosteniendo que la firma habría otorgado préstamos inflados a clubes con serios problemas económicos, citándose específicamente el caso de San Lorenzo, presuntamente con el objetivo de lavar dinero a través de las deudas de las entidades. Los allanamientos de hoy siguen en pleno desarrollo y, según indicaron funcionarios judiciales, se está secuestrando abundante documentación. El análisis de los teléfonos celulares será determinante para confirmar las sospechas sobre el circuito de lavado y definir las responsabilidades de los principales involucrados en este complejo entramado financiero.