La investigación que tiene como protagonista a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito entra esta semana en una instancia determinante. Este miércoles vence el plazo de 15 días que la Fiscalía le otorgó al exfuncionario para que presente explicaciones y documentación sobre distintos aspectos vinculados con la evolución de su patrimonio.

A horas de que se cumpla ese límite, Adorni pidió la suspensión del requerimiento de justificación patrimonial, con el argumento de que todavía existen elementos de la causa a los que su defensa no pudo acceder. El pedido busca ganar tiempo antes de responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego del análisis patrimonial y financiero realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).

La solicitud de la defensa se encuentra ahora vinculada con el acceso a información que, según planteó, resulta necesaria para elaborar una respuesta completa al requerimiento fiscal.

El teléfono de un contratista

En paralelo al pedido de suspensión, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, solicitó acceder al teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en la vivienda del exfuncionario ubicada en el country Indio Cuá. El pedido tiene un alcance específico: la defensa pretende acceder al contenido relacionado con las obras realizadas en ese inmueble y con la relación que mantenían Adorni y Tabar.

El juez Ariel Lijo todavía no respondió ese planteo. La decisión permitiría determinar si la defensa contará con nuevos elementos antes de responder las preguntas formuladas por el fiscal.

De acuerdo con lo informado, la defensa de Adorni pidió formalmente que el requerimiento de justificación patrimonial permanezca suspendido hasta que pueda acceder a esos elementos. La discusión adquiere relevancia porque uno de los aspectos centrales de la presentación fiscal está relacionado con la posibilidad de que Adorni aporte documentación que permita respaldar el origen de US$ 200.000 que, según afirmó, había invertido en bitcoin.

La operatoria con criptoactivos forma parte expresamente de los puntos sobre los que Pollicita pidió explicaciones.

El análisis que detectó inconsistencias

El requerimiento fiscal fue elaborado luego de que la DAFI realizara un análisis conjunto y pormenorizado de la información incorporada al expediente. El trabajo incluyó el cotejo de distintos elementos vinculados con la situación patrimonial de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. Entre la documentación revisada estuvieron las declaraciones juradas patrimoniales integrales, tanto públicas como reservadas, sus respectivas rectificaciones y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la investigación.

Según consta en el documento judicial, ese análisis permitió detectar "inconsistencias" en la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti.

El informe no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial. Sin embargo, identificó incrementos, adquisiciones y desembolsos que, al ser confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encontraban hasta ese momento una explicación suficiente. La investigación busca reconstruir la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Para hacerlo, la DAFI analizó:

• La composición y evolución de los bienes.
• Las disponibilidades.
• Las inversiones.
• Los créditos y las deudas.
• Las entradas y salidas de dinero.
• Los gastos corrientes y extraordinarios.
• Los consumos.
• Los pagos realizados en efectivo o moneda extranjera.
• Las cancelaciones de pasivos.
• Las transferencias entre cuentas.
• Las operaciones que no representaran nuevas fuentes de fondos.

El objetivo de este último punto fue evitar duplicaciones y determinar qué movimientos representaban efectivamente ingresos o aplicaciones de dinero.

Las operaciones que deberá explicar Adorni

El requerimiento elaborado por Pollicita abarca una amplia variedad de operaciones y movimientos patrimoniales. Uno de los puntos consiste en explicar el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en las declaraciones juradas. A esto se suma la necesidad de acreditar la existencia, fecha, entrega y aplicación de fondos correspondientes a dos mutuos invocados con familiares: Silvia Pais y Norma Zuccolo.

También deberá justificar el origen del dinero utilizado para la adquisición de un Jeep y para la compra del lote 380 del country Indio Cuá.

A su vez, la Fiscalía pidió precisiones sobre el financiamiento de las obras realizadas en esa propiedad. Uno de los capítulos específicos está relacionado con los US$ 245.000 abonados a Matías Tabar por la remodelación integral de la vivienda. Adorni deberá individualizar el origen de cada suma y aportar los recibos y la documentación respaldatoria correspondiente.

El requerimiento también alcanza los fondos utilizados para pagarle a Tabar los muebles del departamento ubicado en Miró 550, operación que habría sido abonada en dólares y en efectivo.

Inmuebles, gastos y movimientos financieros

Las preguntas de la Fiscalía también abarcan la compra y las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550, así como los ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las Ganancias.

El requerimiento incluye además los fondos utilizados para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares, junto con la utilización de terceros para realizar compras y pagos por cuenta del grupo familiar.

Otro bloque está relacionado con la operatoria con criptoactivos, particularmente con el origen del capital con el que Adorni afirma haber comenzado su inversión en bitcoin. La Fiscalía también busca conciliar los gastos y movimientos registrados en diferentes instrumentos financieros con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar. Para ello, solicitó explicaciones sobre las operaciones registradas en:

• Cuentas bancarias.
• Tarjetas de crédito.
• Billeteras virtuales.

En ese mismo análisis aparecen comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por más de seis millones de pesos, cuyos pagos no pudieron ser conciliados con los movimientos financieros analizados.

Deudas, honorarios y operaciones con Angeletti

El requerimiento fiscal alcanza además eventuales cancelaciones de deudas bancarias y honorarios notariales relacionados con operaciones inmobiliarias.

También se incluyeron consumos realizados por personas del entorno que figuraban como usuarios adicionales de tarjetas. Otro punto específico corresponde a una facturación superior a cuatro millones de pesos emitida por una concesionaria a nombre de Bettina Angeletti.

A eso se suman las acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo de Adorni, sobre las cuales también deberá brindar precisiones. Finalmente, la Fiscalía solicitó explicaciones sobre el criterio utilizado para valorar las mejoras realizadas en Miró 550 y en el lote de Indio Cuá, además del origen de los fondos destinados a financiar esas obras.