La diputada provincial, Adriana Díaz, acusó a la oposición de intentar buscar "rédito electoral" del reclamo de choferes de UBER para la habilitación de las aplicaciones de transporte en el territorio provincial.
"Fue evidente como libertarios y radicales que ahora se calzaron la peluca, fogonearon las protestas sobre el reclamo de los choferes de la app UBER por los controles que realiza la Municipalidad de la Capital", indicó Díaz en sus redes sociales, y resaltó: "Pretendieron arrimar agua para su molino, utilización política buscando un rédito electoral. ¿Será que estos opositores con peluquín salieron presurosamente con su puesta en escena porque se encontraron con una excusa para cargar contra el intendente?".
En medio del creciente debate sobre la legalidad de Uber en la provincia, representantes de conductores que operan a través de la aplicación se reunieron este miércoles con Mariela Romero, secretaria del intendente Gustavo Saadi, en busca de una solución para habilitar el servicio.
"Lamentablemente no se llegó a un acuerdo formal, seguiremos con la lucha por una regulación", afirmaron en diálogo con La Unión.
"Si bien resulta llamativo que mientras en Catamarca alientan manifestaciones, se ufanan cuando en Buenos Aires reprimen con crueldad a los jubilados. También es una vergonzante contradicción que salgan a rasgarse las vestiduras alegando que se trata de personas desesperadas porque no les alcanza un ingreso o que directamente no consiguen un empleo (lo cual es cierto), pero nada dicen de que son precisamente las políticas económicas de exclusión y de saqueo del gobierno nacional, al que apoyan, las que están empujando a cada vez más argentinos a la pobreza al ritmo de la destrucción de la industria, de las pymes, de pequeños comerciantes", agregó la diputada.
Los conductores reclaman que el municipio avance en la regulación del servicio, pese a la existencia de una ordenanza local que actualmente prohíbe el funcionamiento de Uber. Explicaron que existe una Ley provincial que permite el uso de la plataforma, pero aclaró que el municipio no se ha adherido a esa normativa. En ese contexto, los trabajadores apuntan ahora al Concejo Deliberante como último recurso para abrir el debate y obtener una habilitación legal.