En una jornada marcada por la intensidad política, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó su primer informe de gestión ante el Congreso de la Nación desde su asunción al cargo. El evento no fue un trámite menor: el ministro coordinador debió enfrentar un cuestionario exhaustivo que superó las 4800 consultas enviadas por los distintos bloques opositores. Gran parte de la atención se centró en las inquietudes relativas a la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, un tema que dominó el intercambio legislativo y obligó a la Jefatura de Gabinete a dar precisiones sobre viajes al exterior, declaraciones juradas y supuestos vínculos contractuales.
El factor Marcelo Grandío
Uno de los puntos de mayor fricción durante la sesión informativa se relacionó con el viaje de la familia Adorni a Punta del Este y su conexión con el empresario y periodista Marcelo Grandío. La oposición buscó establecer si existió una contraprestación por parte del Estado hacia el empresario que estuvo involucrado en la logística de dicho traslado. Específicamente, se solicitó información sobre los programas de la Televisión Pública en los que Grandío habría participado durante el año 2025.
La respuesta, elaborada por el equipo de legales de la Jefatura de Gabinete, fue tajante al rechazar cualquier tipo de irregularidad administrativa. El Gobierno garantizó formalmente que el empresario Marcelo Grandío "no fue contratado por RTA" (Radio y Televisión Argentina). Con esta declaración, el oficialismo buscó desactivar la sospecha de que la participación del periodista en la señal estatal fuera una devolución de favores vinculada al viaje realizado por el funcionario y su círculo íntimo al balneario uruguayo.
La controversia por el Registro de Viajes
La legalidad del financiamiento del viaje a Punta del Este fue otro de los ejes del debate. Ante la pregunta N°559, que indagaba si dicho traslado había sido declarado en el Registro de Viajes Financiados por Terceros, el equipo de Adorni se amparó en la normativa vigente para justificar la ausencia de dicho registro. Según la explicación oficial, el Decreto 1179/2016 establece límites claros sobre qué tipo de viajes deben ser informados.
El registro se limita a traslados financiados por terceros destinados al dictado de conferencias, cursos o actividades académicas o culturales.
Evolución patrimonial
La pregunta N°1780 puso el foco en la riqueza personal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La oposición exigió un detalle minucioso de la evolución patrimonial de ambos desde el inicio de la función pública hasta la actualidad. La respuesta oficial remitió a la declaración jurada que se encuentra disponible en el portal público datos.gob.ar, aunque con salvedades importantes respecto a la privacidad de la información de su cónyuge.
Los bienes de Bettina Angeletti se encuentran consignados en el Anexo Reservado del Formulario 1246.
Este documento posee carácter confidencial, lo que restringe el acceso público a los detalles específicos de su patrimonio.
Sin embargo, el análisis de la declaración presentada, correspondiente al ejercicio 2024, reveló ciertas omisiones que despertaron suspicacias en el arco opositor. Si bien el documento contempla la adquisición de un departamento en Parque Chacabuco y otra propiedad en la ciudad de La Plata, no se encuentran registrados otros inmuebles mencionados en las denuncias: el departamento de la calle Miró en Caballito, ni la casa ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en la localidad de Exaltación de la Cruz.
"Argentina Week" en Nueva York
Finalmente, el Congreso solicitó un listado pormenorizado de los viajes internacionales realizados tanto por el presidente Javier Milei como por su Jefe de Gabinete. El pedido incluyó fechas, destinos, costos operativos y la composición exacta de cada comitiva. En este contexto, cobró relevancia la presencia de Bettina Angeletti en la delegación que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week.
Desde el Poder Ejecutivo se defendió la asistencia de Angeletti, señalando que su viaje se realizó bajo la figura de "invitada de la Presidencia". El Gobierno fue enfático al asegurar que su participación en este evento internacional "no generó gasto alguno para el Estado Nacional", intentando cerrar así otro flanco de críticas sobre el uso de recursos públicos para acompañantes sin roles justificados dentro de la estructura estatal.