La investigación judicial sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró en los últimos días una serie de avances que podrían resultar determinantes para el desarrollo de la causa.
Por un lado, los investigadores ya completaron la extracción y descarga de la totalidad del contenido del teléfono celular de Matías Tabar, contratista encargado de obras realizadas en distintas propiedades vinculadas al funcionario. Paralelamente, el fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en la elaboración de un requerimiento formal de justificación patrimonial destinado a obtener explicaciones sobre diversos movimientos económicos que considera insuficientemente sustentados.
Ambas medidas forman parte de un expediente que busca esclarecer aspectos vinculados a la evolución patrimonial de Adorni y que continúa sumando elementos de análisis en distintas instancias judiciales.
El contenido del teléfono de Matías Tabar
Uno de los movimientos más importantes de los últimos días estuvo relacionado con el teléfono celular de Matías Tabar. Los investigadores realizaron una extracción completa del dispositivo y actualmente cuentan con la totalidad del material descargado para su análisis.
Según la información incorporada a la causa, el contenido incluye:
• Conversaciones relacionadas con obras realizadas en propiedades de Adorni.
• Documentación vinculada a compras.
• Facturas y otros registros asociados a esas operaciones.
Todo el material ya forma parte del expediente judicial y está siendo examinado por los investigadores como parte de las medidas impulsadas para reconstruir movimientos económicos y operaciones vinculadas al crecimiento patrimonial del funcionario. El análisis de esa información se desarrolla mientras continúan otras medidas probatorias dentro de la investigación.
El requerimiento de justificación patrimonial
En paralelo al estudio del material extraído del teléfono celular, el fiscal Gerardo Pollicita avanza en la preparación de un requerimiento de justificación patrimonial. La medida busca que Manuel Adorni aporte explicaciones respecto de diversos movimientos económicos que, según la evaluación preliminar de la fiscalía, presentarían inconsistencias o carecerían de suficiente respaldo documental.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, este mecanismo constituye un pedido formal destinado a determinar el origen y la trazabilidad de determinados fondos. Entre los aspectos sobre los cuales la fiscalía pretende obtener aclaraciones aparecen gastos que habrían sido realizados en efectivo.
Según la información incorporada al expediente, esos desembolsos estarían relacionados con:
• Un viaje a Aruba.
• Pagos efectuados a la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
• Cuotas abonadas a mujeres policías que participaron de una operación hipotecaria vinculada a un departamento ubicado en la calle Asamblea.
El requerimiento se encuentra actualmente en preparación y avanzará de forma independiente respecto de otras pruebas que aún aguarda la causa.
Informes pendientes y declaración ante la Oficina Anticorrupción
La investigación continúa desarrollándose mientras todavía se esperan otros elementos considerados relevantes para el expediente.
Entre ellos figura el informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO/DAFI), que aún no fue incorporado formalmente a la causa.
Asimismo, la preparación del requerimiento patrimonial se desarrolla de manera independiente respecto de la declaración jurada que Adorni prevé presentar ante la Oficina Anticorrupción.
Desde el Gobierno sostienen que dicho documento será presentado durante esta semana. Según indicaron desde la Casa Rosada, la declaración jurada se encuentra en etapa de revisión antes de su presentación formal y consideran que permitirá responder los cuestionamientos surgidos en torno a la evolución patrimonial del funcionario.
Los montos bajo análisis
Uno de los aspectos centrales de la futura presentación ante la Oficina Anticorrupción estará vinculado a la capacidad económica de Adorni para afrontar una serie de compromisos financieros.
De acuerdo con la información mencionada en el expediente, entre gastos y deudas existirían obligaciones que superarían los 725 mil dólares.
Esa cifra comprendería:
• La compra de un departamento en Caballito.
• La refacción de esa propiedad.
• La adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá.
• Gastos correspondientes a viajes familiares.
• La compra de una camioneta.
• Otros desembolsos incorporados al análisis patrimonial.
La fiscalía busca determinar si existe correspondencia entre esos gastos y los ingresos declarados por el funcionario.
La defensa pública de Javier Milei
La situación patrimonial de Adorni se encuentra bajo observación desde hace más de tres meses.
En ese contexto, a comienzos de mayo, el presidente Javier Milei se pronunció públicamente en defensa del jefe de Gabinete. "Es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que no está sucio, está limpio", afirmó el mandatario en relación con las acusaciones y cuestionamientos surgidos alrededor del caso.
Sus declaraciones se produjeron mientras la investigación continuaba avanzando en distintas instancias judiciales.
La intervención del juez Ariel Lijo
La situación judicial de Adorni también se encuentra bajo análisis del juez federal Ariel Lijo.
Según trascendió semanas atrás, el magistrado evaluaba la posibilidad de convocar al funcionario a una declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista entre el 21 y el 30 de julio. Actualmente, Lijo tiene a su cargo dos expedientes relacionados con el jefe de Gabinete.
Las investigaciones analizan:
• La evolución de su patrimonio.
• Su relación con Marcelo Grandio.
Este último expediente examina los vínculos con el periodista Marcelo Grandio, quien obtuvo contratos con el Estado y que, según la información incorporada a la causa, pagó un viaje en jet privado a Punta del Este utilizado por Adorni y su familia.
Mientras se multiplican las medidas probatorias y continúan incorporándose nuevos elementos al expediente, la investigación judicial avanza sobre distintos aspectos vinculados a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, a la espera de nuevas definiciones tanto de la fiscalía como de los tribunales que intervienen en el caso.