La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó un nuevo capítulo en Comodoro Py, con la declaración testimonial de las mujeres que financiaron de manera directa la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio ratificaron que el funcionario aún mantiene una deuda de 70.000 dólares más intereses, en el marco del acuerdo privado que permitió la compra del inmueble ubicado sobre la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.
La ratificación del préstamo privado
Durante sus testimonios, ambas mujeres confirmaron la existencia del préstamo hipotecario privado, de carácter no bancario, que fue otorgado en noviembre de 2024 por un monto total de 100.000 dólares. Ese financiamiento, según sostuvieron, estuvo destinado específicamente a la compra del departamento de Caballito.
El detalle económico del acuerdo quedó expuesto en la declaración:
- Monto total del financiamiento: 100.000 dólares
- Saldo pendiente: 70.000 dólares más intereses
- Fecha de otorgamiento: noviembre de 2024
- Vencimiento final: noviembre de este año
- Tasa acordada: 11% anual
- Aporte de Graciela Molina: 85.000 dólares
- Aporte de Victoria Cancio: 15.000 dólares
- Modalidad: cuotas mensuales vigentes
Las testigos también señalaron que el convenio continúa en ejecución mediante "cuotas mensuales vigentes", con un vencimiento final pactado para noviembre de este año, dato que la fiscalía incorporó al expediente para reconstruir la secuencia financiera de la operación.
Capacidad económica y trazabilidad
Más allá de la confirmación de la deuda, la investigación judicial puso la lupa sobre la capacidad económica de las prestamistas. Tanto Molina como Cancio, integrantes de la Policía Federal, quedaron bajo análisis en cuanto a la suficiencia patrimonial necesaria para haber concretado un préstamo de esa magnitud.
En este tramo de la causa, la Justicia intenta establecer dos ejes centrales:
- Si las mujeres contaban con respaldo económico suficiente
- Cuál fue la trazabilidad real de los fondos
- Cómo se integró el dinero a las operaciones inmobiliarias de Adorni
El objetivo es determinar con precisión el origen del capital utilizado y el recorrido financiero que tuvo dentro de las distintas transacciones vinculadas al funcionario.
La versión de la escribana
Otro de los testimonios incorporados al expediente fue el de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la validación de firmas tanto de este inmueble como del ubicado en el country de Exaltación de la Cruz. Según surge de su declaración, la profesional negó la existencia de préstamos de dinero en efectivo y aseguró que ambas operaciones se realizaron dentro de un marco "normal", sin registrar "ninguna irregularidad".
La escribana aportó además una precisión relevante sobre la estructura jurídica de la compra. De acuerdo con su versión, la operación no habría sido instrumentada como un préstamo de capital externo, sino como una compra pactada a pagar en cuotas, es decir, una modalidad de financiamiento directo entre vendedores y comprador.
Ese punto introduce una diferencia sustancial dentro del expediente, ya que redefine la naturaleza del vínculo económico que hoy está bajo análisis judicial.
Nuevas declaraciones y la cadena de titularidad
La agenda de la causa ya tiene próximos movimientos. Para el miércoles 15 está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, ambas vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en Caballito.
Sus testimonios aparecen como piezas relevantes para completar el mapa financiero de la operación y esclarecer el rol de cada una de las personas que intervinieron en la cadena de compraventa. La semana pasada, además, se sumó la declaración vía Zoom del exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento antes de vendérselo a las mujeres que posteriormente concretaron la transacción con Adorni.