La tensión entre el Gobierno Nacional y la conducción del fútbol argentino ha alcanzado un nuevo punto de ebullición institucional. La Inspección General de Justicia (IGJ) ha formalizado el pedido para designar veedores dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una decisión que surge tras detectar presuntas irregularidades y una persistente negativa de la entidad para presentar documentación contable fundamental. La medida cuenta con el aval político y técnico del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo la gestión de Mariano Cúneo Libarona, quien ratificó que la asociación no ha regularizado su situación a pesar de haber contado con todos los plazos legales pertinentes para cumplir con sus obligaciones de transparencia.
La opacidad en las cifras y el destino de los fondos
El eje central de la investigación radica en una preocupante falta de claridad que, según el Ministerio, se extiende por casi una década de gestión. Las autoridades señalan que la AFA no ha explicado en detalle las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, una omisión sistemática que genera un vacío de información sobre el origen y el destino de millones de dólares que transitaron por las arcas de la institución.
El titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, ha sido enfático al vincular esta falta de documentación con investigaciones judiciales que han trascendido recientemente, las cuales indagan en eventuales maniobras de ocultamiento de ingresos derivados a entidades ajenas, tanto en el ámbito local como en el extranjero, sin dejar rastro en la contabilidad oficial de la asociación. Esta situación ha disparado las alertas sobre la posible existencia de una contabilidad paralela que elude los controles estatales.
Los puntos críticos de la investigación y los flujos de fondos
La labor de los veedores designados no será meramente decorativa, ya que su objetivo principal será obtener y verificar de forma directa los datos que la entidad se ha negado a entregar voluntariamente. La investigación de la IGJ es exhaustiva y abarca un periodo crítico de la historia reciente de la institución, analizando minuciosamente los ejercicios contables comprendidos entre los años 2017 y 2024.
Durante este proceso de fiscalización, se han solicitado pedidos de mayor detalle sobre partidas presupuestarias relevantes, operaciones financieras realizadas con firmas radicadas en el exterior y una revisión pormenorizada de los ingresos percibidos en concepto de derechos de televisión y contratos de sponsorización. Asimismo, la investigación incluye la verificación de pasivos mantenidos con organismos rectores del fútbol como la FIFA y la CONMEBOL, junto con investigaciones por la posible retención de aportes previsionales e impuestos por montos millonarios que ya han motivado citaciones judiciales a las máximas autoridades de la casa madre del fútbol.
Inconsistencias en sedes y la misteriosa Universidad de la AFA
Más allá de los balances estrictamente monetarios, la IGJ ha puesto la lupa sobre irregularidades administrativas que rozan lo inverosímil en una entidad de tal magnitud. Uno de los puntos más cuestionados fue el intento de cambio de la sede social de la AFA a un predio ubicado en la provincia de Buenos Aires, movimiento que fue rechazado de plano tras una verificación de campo que constató que en dicho lugar no existían instalaciones administrativas que permitieran el funcionamiento real de la entidad.
Asimismo, existe una profunda preocupación por la denominada "Universidad de la AFA", sobre la cual la asociación no ha brindado información alguna ante los requerimientos oficiales. Según el organismo conducido por Vítolo, este proyecto educativo no figura registrado formalmente ante las autoridades competentes, sumando una capa adicional de misterio a la gestión de los recursos y a la creación de estructuras para-institucionales sin el debido control estatal.
Hacia una verificación forzosa de los datos
Ante lo que la IGJ califica como una entrega de información insuficiente y evasiva, la resolución de avanzar con la veeduría busca romper definitivamente el hermetismo reinante en la sede de la calle Viamonte. La tarea encomendada a estos funcionarios será recabar de primera mano la información contable que permita reconstruir la trazabilidad de los fondos y determinar las responsabilidades legales correspondientes por la falta de transparencia.
El respaldo del Ministro Cúneo Libarona subraya la gravedad de la situación, sugiriendo que la regularización de la AFA es una prioridad para la transparencia institucional del país. Con el destino de millones de dólares en duda y causas judiciales que acechan a su cúpula directiva, la designación de estos veedores marca el inicio de un proceso de fiscalización sin precedentes en la historia moderna del fútbol argentino, orientado a dar respuesta sobre el manejo de un patrimonio que es de interés público.