Tras la renuncia de Miguel Blanco, el Gobierno nacional oficializó la designación del contador Alejandro Fabián Díaz como nuevo titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Díaz ya conoce el organismo: entre 2009 y 2019 se desempeñó como gerente del mismo.
Pero además de su nuevo rol en el ámbito estatal, Díaz mantiene otra función de peso en el universo del fútbol. Desde diciembre de 2021, integra la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde encabeza la Comisión Fiscalizadora. Este cuerpo tiene a su cargo el control financiero y legal de los clubes y de la propia AFA, en el marco de la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia.
Su carrera en el sector público es extensa. Desde julio de 2020, Díaz también ocupa el cargo de gerente de Auditoría en Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II. Además, es profesor de la Maestría en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde dicta la materia "Política de Empresas".
Entre sus antecedentes también figuran cargos en importantes firmas públicas y privadas. Fue director suplente de Naturgy, una de las principales distribuidoras de gas del país, entre 2021 y 2023, tras haber sido síndico durante más de tres años. También representó a la Argentina en la OCDE —con participación en el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Estatal y Privatización— entre 2013 y 2022.
En años anteriores, Díaz se desempeñó como síndico en varias empresas estatales de gran peso: Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Austral, YPF, el Correo Argentino, la operadora ferroviaria SOFSE y Energía Argentina S.A.
Este viernes, su nombramiento fue presentado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien destacó que el contador "cuenta con experiencia en dirección de empresas y desarrolló actividades de auditoría, sindicatura y control gubernamental durante más de 30 años, tanto en el sector público como en el privado".
Qué es y qué hace la SIGEN
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es el organismo encargado del control interno dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Supervisa la actividad de las distintas unidades de auditoría interna, y tiene la obligación de informar al Presidente sobre cualquier acción que pueda implicar perjuicios significativos para el patrimonio público.
Además, cumple funciones previstas en el artículo 20 de la Ley de Reforma del Estado (N° 23.696) vinculadas con procesos de privatización, y forma parte de la Red Federal de Control Público, que audita la implementación de programas sociales a nivel nacional, especialmente los ejecutados por el Ministerio de Capital Humano.