Durante los últimos cinco años, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recurrió a al menos seis empresas que actuaron como intermediarias o agentes comerciales para recaudar fondos provenientes de contratos de publicidad y patrocinio. Según surge de registros bancarios, facturas, órdenes de pago y cobro, documentación interna de la entidad de la calle Viamonte y testimonios de auspiciantes e involucrados recopilados por LA NACION, estas firmas canalizaron más de 300 millones de dólares desde 2021 y cobraron comisiones que, en la mayoría de los casos, alcanzaron el 30% de los montos recaudados.
El análisis de la documentación revela que los intermediarios comenzaron a operar formalmente en 2021, aunque existen indicios de vínculos previos con la AFA que se remontan a 2018. Estados Unidos y España funcionaron como principales bases de operaciones, con la participación de al menos nueve bancos internacionales. Parte del dinero, además, circuló por dos jurisdicciones consideradas paraísos fiscales: las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha.
La mecánica se repitió en la mayoría de los contratos. A empresas que habían acordado pagos de publicidad o esponsoreo con la AFA se les indicó que no debían transferir los fondos a cuentas bancarias en la Argentina, sino a cuentas de terceros en el exterior. La explicación oficial fue siempre la misma: el cepo cambiario vigente y la brecha entre el dólar oficial y el mercado paralelo generarían pérdidas significativas para la entidad si los pagos ingresaban al país.
En casi todos los casos, los contratos establecieron honorarios del 30% para los intermediarios, aun cuando, según los testimonios recogidos, el servicio prestado fue mínimo o inexistente. "Nunca tuvimos trato con ningún intermediario. Todo lo coordinamos siempre de manera directa con la AFA", aseguró a LA NACION un empresario europeo que transfirió millones de dólares a cuentas asignadas por la entidad, bajo estricta reserva de identidad.
El principal interlocutor ante las empresas fue el responsable del área Comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen, aunque también intervinieron el tesorero Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon, abogado que llegó a ocupar la dirección ejecutiva de la entidad. Todos ellos participaron, según la reconstrucción periodística, en los intercambios con patrocinadores e intermediarios.
La primera empresa que actuó como agente recaudador fue Torneos y Competencias SA, que en 2021 recibió fondos vinculados a la Selección Nacional a través de una cuenta en Nueva York del banco BBVA. Luego se sumó Q22 Services Limited, con domicilio en Guernsey, que canalizó pagos desde agosto de ese año a través del Royal Bank of Scotland y cobró su comisión del 30%.
Posteriormente apareció Stratega Consulting USA LLC, con sede en Delaware y controlada por Stratega UK, con domicilio en Londres. Esta firma operó mediante una sucursal del Citibank en Miami. A ellas se sumó Odeoma Gestión SL, una empresa española que manejó cerca de 20 millones de euros solo en 2021 y que, pese a su volumen de operaciones, declaró apenas dos empleados y funcionó desde un espacio de coworking en Madrid.
La investigación también identificó que Marcelo Fabián Ramón Saracco, socio de Odeoma SL, tuvo un rol clave en la operatoria de Q22 y Stratega, y que entre las tres firmas movilizó más de 30 millones de dólares vinculados a la AFA, cobrando el 30% de honorarios. Ni Saracco ni su socio Melchor Amoedo Merlín respondieron las consultas periodísticas.
Desde diciembre de 2021, la mayor recaudadora fue TourProdEnter LLC, firma estadounidense controlada por Erica Gillette y Javier Faroni. Pese a contar con un contrato de "exclusividad", la empresa recaudó más de 260 millones de dólares en bancos como JP Morgan, Citibank y Bank of America, con Adidas y Warner entre sus principales clientes.
Parte de esos fondos fue derivada a una cuenta comitente de la AFA en las Islas Vírgenes Británicas, desde donde se giró a la Argentina mediante operaciones financieras. En paralelo, a partir de 2022 apareció una sexta intermediaria, Global FC LLC, controlada por el empresario argentino Andrés Scornik, que recaudó más de 5,8 millones de dólares y los transfirió a TourProdEnter.
A lo largo del proceso, varios auspiciantes expresaron su incomodidad por la obligación de pagar a intermediarios distintos, e incluso en forma simultánea, sin criterios claros. Ante esos reclamos, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino debieron certificar por escrito que las intermediarias actuaban en nombre de la AFA.
En un comunicado difundido el 29 de diciembre, la entidad defendió su proceder y cuestionó el trabajo periodístico, aunque la documentación analizada expone un circuito financiero complejo, opaco y con fuerte impacto en los ingresos generados por el fútbol argentino.