La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se convirtió en epicentro de un nuevo escándalo político y judicial luego de que se filtraran audios en los que su extitular, Diego Spagnuolo, habla de presuntos pedidos de coimas dentro del organismo.
La investigación apunta a un entramado que salpicaría a Eduardo "Lule" Menem, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, y a la propia Karina Milei, hermana del Presidente y actual secretaria general.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó 15 allanamientos simultáneos en la sede de ANDIS, la droguería Suizo-Argentina, domicilios de los titulares de esa firma y la vivienda de Spagnuolo. Los operativos fueron ejecutados por personal del Departamento de Investigación del Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, bajo la supervisión del fiscal Franco Picardi.
Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información sensible para la causa. Sin embargo, la Justicia aún busca el celular personal de Spagnuolo, que no fue hallado en su casa al momento del operativo.
La trama de las coimas
El caso estalló tras la difusión de un audio en el programa ¿La Ves? (TN), donde Spagnuolo describe un supuesto sistema de retornos ligado a compras de medicamentos.
"¿Te imaginás? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Me quiso meter una mina en una dirección nacional; lo frisé. Me quiso meter de Recursos Humanos; lo frisé. No le dejé meterme nada, acá solamente me lo metió el más importante de todos... Fortuna... para chorear", se lo escucha decir en la grabación.
Según la investigación, los laboratorios debían pagar coimas para obtener habilitaciones en contrataciones estatales. La Justicia indaga si estas maniobras eran conocidas o incluso avaladas por la cúpula de la Secretaría General de la Presidencia.
Lo que viene
Con el secreto de sumario vigente, el juez Casanello busca avanzar en nuevas medidas probatorias para determinar si existió un circuito sistemático de corrupción dentro de la ANDIS.
Por la gravedad de las denuncias y la jerarquía de los funcionarios mencionados, el expediente ya es considerado uno de los casos más sensibles para el Gobierno en lo que va del año.