Allanan en Pilar una propiedad vinculada a los supuestos testaferros de "Chiqui" Tapia
La medida fue ordenada por el juez federal Daniel Rafecas y alcanza a una de las casas declaradas por los titulares de Real Central SRL, sociedad investigada por la compra de una mansión que perteneció a Carlos Tevez. También se dispusieron operativos en Capital Federal y restricciones migratorias para los señalados.

La causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, sumó este jueves un nuevo capítulo con un operativo judicial en el partido bonaerense de Pilar. Por orden del juez federal Daniel Rafecas, fuerzas policiales allanaron una de las propiedades declaradas por los empresarios Luciano Pantano y Ana Conde, señalados como los supuestos testaferros del titular de la AFA y de su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino.

El procedimiento se llevó a cabo en dos lotes del barrio cerrado Ayres Plaza, unidades funcionales 265 y 306, pertenecientes formalmente a la firma Real Central SRL, administrada por Pantano y Conde. La misma sociedad está actualmente bajo investigación por haber adquirido una lujosa mansión de diez hectáreas en Villa Rosa, una propiedad que perteneció anteriormente al exfutbolista Carlos Tevez. Según la denuncia impulsada por la Coalición Cívica (CC), tanto esa mansión como otras propiedades de alto valor formarían parte de un entramado patrimonial atribuido a Tapia y Toviggino a través de presuntos intermediarios.

Además del operativo en Pilar, el juez Rafecas dispuso allanamientos en la sede administrativa de Real Central SRL en la ciudad de Buenos Aires y ordenó la prohibición de salida del país para Pantano y Conde, quienes se encuentran en el centro de la investigación. La medida se adoptó luego de que el magistrado recibiera un informe clave elaborado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detalló la actividad económica, movimientos financieros y crecimiento patrimonial de la sociedad.

Uno de los puntos llamativos del avance judicial es el vínculo previo entre la propiedad allanada y exfuncionarios de la AFA. Según registros del country, las expensas del inmueble llegaban a nombre de Wicca S.A.S., una firma asociada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y al ex director general ejecutivo de la institución, Juan Pablo Beacon, quien además se desempeñó como jefe de la Federación Patagónica de Fútbol. Ese antecedente refuerza, según fuentes judiciales, la hipótesis de un entramado societario destinado a ocultar titulares reales de bienes.

El informe de ARCA, considerado determinante para el avance de la causa, arrojó datos contundentes sobre la actividad económica de Real Central SRL. Según los registros, la empresa declaró activos por apenas $347.000 en 2021, pero en los años siguientes exhibió un crecimiento patrimonial exponencial: $81 millones en 2022, $647 millones en 2023 y un salto notable hasta los $4.259 millones en 2024. La categoría incluye mercaderías, bienes de uso, caja, bancos y otros activos formales.

El incremento en las ventas también llamó la atención. Mientras que en 2021 la sociedad no registró movimientos comerciales, en 2022 declaró ventas por $148 millones, cifra que escaló a $1.036 millones en 2023 y alcanzó los $1.322 millones en 2024. Incluso el resultado económico mostró un salto abrupto: de un balance negativo de $15.000 en 2021 pasó a ganancias por $88 millones en 2024.

El patrimonio personal de Pantano también quedó bajo la lupa. Según el informe enviado al juzgado, el socio gerente de Real Central SRL registró acreditaciones bancarias por $33 millones en 2024 y $24 millones en 2025. Además, figuran a su nombre —actualmente o en los últimos años— tres vehículos: un Porsche 911 Carrera S Coupé modelo 2025, una Mercedes-Benz GLC 300 Coupé del año 2022 y un Citroën C3 modelo 2016. La Coalición Cívica ya lo había señalado como presunto responsable de una flota de autos de alta gama detectada en la propiedad de Villa Rosa.

Con los allanamientos y las medidas restrictivas, la causa avanza hacia una etapa de mayor profundidad investigativa, mientras el juzgado de Rafecas continúa analizando documentación, movimientos financieros y vínculos societarios que podrían revelar la existencia o no de un esquema de testaferros que favorezca al presidente de la AFA y a su entorno más cercano. El expediente se perfila como uno de los casos judiciales más sensibles del ámbito deportivo y político del país en los próximos meses.