La Confederación General del Trabajo (CGT) almorzará este jueves, a las 13.30, con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y tiene un menú de reclamos para poner sobre la mesa, aunque hay uno que se destaca por su urgencia: volverá a pedirle auxilio financiero para las obras sociales, cuya crisis se agrava por una combinación explosiva de gastos en alza, un déficit mensual que crece y problemas de financiamiento que no se solucionan.
Hay un tema más que surgirá durante el reencuentro entre la central obrera y el Presidente (la última reunión se hizo el 18 de diciembre): quién será el reemplazante del fallecido Eugenia Zanarni al frente de la Superintendencia de Servicios Sociales (SSS), un organismo clave para el sindicalismo porque administra los millonarios fondos de las obras sociales.
La comitiva que irá a la Quinta de Olivos está integrada por los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (metalúrgicos), Sergio Romero (docentes), Roberto Fernández (UTA) y Jorge Sola (seguros).
La CGT pedirá designar al nuevo superintendente: su candidato principal es David Aucharán, un médico cirujano vascular de 50 años, que presidía la obra social y la prepaga de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), además de integrar el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, financiado por gremios que pertenecen a la CGT. Aucharán es actualmente el gerente general de la Superintentencia de Servicios de Salud.
Otro postulante cegetista es José Bustos, un abogado especializado en temas de salud que ya estuvo en la Superintendencia durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando era encabezada por Héctor Capaccioli, hombre de confianza de Alberto Fernández que estuvo involucrado en la causa de la “mafia de los medicamentos”. Bustos ocupa hoy la Gerencia de Gestión Estratégica de la SSS.
La central obrera está en alerta porque se enteró de que el ex ministro de Salud, Ginés González García, está haciendo un fuerte lobby para lograr que su amigo y socio Daniel Alejandro López sea designado al frente de la Superintendencia en lugar de Zanarini.
Pero la CGT también teme que la enorme influencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Gobierno derive en la designación en la Superintendencia de algún kirchnerista duro. En los últimos meses trascendió que podría regresar a ese puesto Liliana Korenfeld, que fue titular de la SSS durante el gobierno de Cristina Kirchner y en cuya gestión se hacía una distribución arbitraria de los fondos de las obras sociales para disciplinar políticamente a los sindicalistas.
Antes de asumir la Presidencia, Alberto Fernández se había comprometido a que designaría al frente de la Superintendencia a un candidato propuesto por la CGT. Por eso la central obrera eligió a Aruachán, pero, según la CGT, Cristina Kirchner se opuso a que los fondos de las obras sociales fueran administrados por alguien vinculado con el sindicalismo y así se cayó el acuerdo alcanzado con el Presidente. Ginés González García designó como titular de la SSS a Zanarini, un experto al que conocía porque secundó en la Universidad Isalud, fundada en 1991 por el ex ministro.
La relación de la CGT con Zanarini comenzó de manera tormentosa porque los sindicalistas objetaban la “discrecionalidad” del funcionario para distribuir los fondos de las obras sociales que se destinan a los reintegros de las prestaciones de alta complejidad: a principios de 2020, por ejemplo, la cúpula cegetista se quejó ante el titular de la SSS porque del Fondo Solidario de Redistribución se repartieron $2.800 millones en marzo y $4.000 millones en abril con un criterio que privilegió a la obra social de Camioneros y relegó a las que pertenecían a sindicatos más numerosos.
Tras la protesta de la CGT, Zanarini tomó en cuenta las observaciones, distribuyó el dinero de manera equitativa y logró convertirse en el interlocutor más confiable del gremialismo dentro del Gobierno para solucionar cuestiones específicas vinculadas con los fondos de las obras sociales, aun mejor que Ginés González García. Y hacia fines del año pasado se ganó la confianza de la central obrera porque el titular de la SSS rechazó la reforma del sistema de salud que proponía el kirchnerismo duro y que implicaba una virtual apropiación del dinero que recauda el sistema sindical de salud.
De todas formas, los dirigentes cegetistas insistirán ante el Presidente en la necesidad de que el Gobierno aplique medidas que alivien la desfinanciación del sistema sindical de salud, cuyo déficit continúa creciendo a un ritmo de $1.500 millones por mes. El mismo reclamo se lo hicieron al primer mandatario en los tres últimos encuentros que se realizaron el año pasado en Olivos, pero la Casa Rosada nunca dispuso una ayuda integral en este rubro.
La central obrera propuso al Ministerio de Salud, entre otros puntos, que el Estado se haga cargo de pagar los medicamentos más caros mediante un fondo especial destinado a ese fin y también el el 100% algunos de los gastos por discapacidad, aumentar la cápita que pagan los monotributistas para acceder a la atención de la obra social y el descuento del 15% destinado al sistema de obras sociales a quienes pagan una diferencia para atenderse en una prepaga y que actualmente no aportan al Fondo Solidario de Redistribución.
Los números de las obras sociales son muy preocupantes: el Fondo Solidario de Redistribución (FDS), el corazón del sistema, que se nutre del aporte mensual de trabajadores y contribuciones patronales para financiar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos costosos, recaudó en 2020 unos $64.000 millones, pero, en el mismo período, gastó $79.000 millones.