Un grupo de vecinos ambientalistas de Santa María envió, el mes pasado, una nota al ministro de Minería, Rodolfo Micone, represando su rechazo y desconociendo “rotundamente” las metodologías utilizadas para la consulta pública sobre el “Informe de Impacto Ambiental Perforaciones 2020 para el proyecto Agua Rica (Yamana Gold), que el Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca convocó en el mes de junio del corriente año”.
La convocatoria de Minería se realizó mediante las “Charlas técnicas informativas sobre informe de impacto ambiental, programa de perforaciones 2020, etapa de exploración avanzada” y se realizaron de manera presencial y virtual, teniendo en cuenta las prohibiciones establecidas por la cuarentena.
Por este motivo, se fijaron tres mecanismos. El primero fue una consulta presencial del Expte. “Agua Rica: Programa de perforaciones 2020 - Etapa de exploración avanzada (Andalgalá, Yamana Gold)”, que se desarrolló en la oficina central del Ministerio de Minería; en el Centro de Control Minero Ambiental de Andalgalá y en las instalaciones de CAMYEN en Capillitas.
El segundo consistió en una teleconferencia a través de la plataforma ZOOM. “Esta modalidad virtual, primero, se llevó a cabo con instituciones del medio, representantes gubernamentales, colegios profesionales, sindicatos, cámaras empresarias y de proveedores; y, posteriormente, con el público en general en dos jornadas, que se extendieron por alrededor de 3 horas y participaron unas 500 personas”, según informó el Gobierno provincial.
Y, por último, la tercera consulta fue presencial, en Capillitas, en las oficinas de CAMYEN. Según informó Minería, en esa ocasión, “participaron 50 personas, siguiendo el protocolo de bioseguridad ante la emergencia sanitaria”.
Sin embargo, el grupo de ambientalistas desconoce ese procedimiento como consultas públicas, ya que consideran que las metodologías utilizadas “no cumplen con la debida accesibilidad a la información para la población afectada”.
En ese sentido, hacen hincapié en “la imposibilidad de movilización debido a la cuarentena a los lugares citados, como así también por la falta de accesibilidad a tecnologías adecuadas para la participación virtual”. Y a ese cuestionamiento le suman que no se realizó “la debida difusión de las charlas tanto virtuales como presenciales, a sabiendas de que la participación se vería restringida por el contexto de pandemia y aislamiento social obligatorio”.
En el escrito, los vecinos remarcan sus derechos a acceder debidamente a la información, que debe ser pública y sostiene que “se requieren tiempos amplios para su análisis, siendo primordial que la población toda la conozca, la evalúe y decida, por la envergadura del proyecto y su impacto en nuestra región”.
A su vez, cuestionan al Gobierno provincial por publicar “en forma publicitaria y mentirosa en distintos medios virtuales y escritos, que la participación ciudadana mediante charlas virtuales fue 'histórica', lo cual no fue cierto ya que, incluso, pocos de nosotros pudimos participar virtualmente”. Por esto, consideran que “de ninguna manera, esto representa una participación activa, menos que legitimemos las actividades que dicen que van a realizar y tampoco representa dar ningún consentimiento informado”.
Por último, le solicitan al ministro Micone que se ponga a consideración de la opinión pública en forma oportuna, en formatos digitales e impresos la información del impacto ambiental y se reciban las sugerencias y discrepancias de los vecinos. Y, además, que se realicen las audiencias públicas “que correspondan, con los tiempos necesarios para su análisis y, por la pandemia, se espere hasta la finalización de la cuarentena para realizar estos procedimientos administrativos”.
Las auciencias, según el Gobierno
El derrotero del Informe de Impacto Ambiental (IIA) de Agua Rica se inició en 2008, cuando la empresa operaria del proyecto minero, Yamana Gold, presentó el primer informe ante la Secretaría de Estado de Minería. En esa oportunidad, fue aprobado por un reducido Consejo Consultivo, cuestionado posteriormente por la Justicia y, finalmente, dado de baja por el organismo minero. Doce años después, el Gobierno destacó que “se puso en marcha un mecanismo de consulta pública inédito en el país, tanto presencial como virtual, del que participaron más de mil personas, entre organismos estatales, asociaciones civiles, colegios profesionales, comunidad en general, entre otros, todo certificado por escribano público”.
Este IIA abarca solamente a la etapa de exploración avanzada, por lo cual para avanzar en una próxima fase (de producción y desarrollo), la empresa operaria deberá presentar un nuevo IIA, que debe ser sometido nuevamente al proceso de evaluación y consulta pública.
