El peritaje realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades y posibles sobornos vinculados con ese organismo.
El estudio examinó las grabaciones que se difundieron durante el desarrollo de la investigación y encontró limitaciones técnicas que impidieron establecer de manera concluyente su origen y la identidad de las personas que aparecen en ellas. Entre los principales obstáculos, los especialistas señalaron la existencia de indicios compatibles con una regrabación, discontinuidades en las señales acústicas y problemas relacionados con la preservación del material antes de su llegada a la instancia pericial.
El documento también advirtió que no se pudo descartar una eventual manipulación de los archivos ni el empleo de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces. Debido a estas limitaciones, los expertos no pudieron validar las grabaciones ni establecer una atribución técnica de las voces a las personas imputadas en la causa.
El resultado del análisis se concentra, por lo tanto, en los límites de lo que puede determinarse a partir de los archivos examinados. El informe no certifica la autenticidad del material ni permite establecer de manera concluyente que las voces correspondan a las personas a las que fueron atribuidas públicamente.
La investigación judicial deberá continuar con la evaluación de estos resultados y de los demás elementos incorporados al expediente.
Cortes, discontinuidades y una regrabación
Uno de los aspectos centrales del informe pericial es la identificación de características acústicas que impidieron considerar las grabaciones como registros continuos y técnicamente verificables.
Los especialistas de Gendarmería Nacional señalaron que los archivos que, durante una primera evaluación, reunían condiciones para ser analizados presentaban rasgos compatibles con una regrabación, un fenómeno denominado transferencia acústica. Esta particularidad fue considerada junto con otras inconsistencias detectadas durante el examen del material.
El documento también consignó la presencia de discontinuidades abruptas y diferencias acústicas incompatibles con una grabación continua. Según el análisis, esas características podrían estar relacionadas con intervenciones, cortes o procesos de edición efectuados después del registro original.
Los principales hallazgos técnicos mencionados en el informe incluyen:
Indicios de regrabación: los archivos presentaban características compatibles con un proceso de transferencia acústica.
Discontinuidades abruptas: se identificaron interrupciones en el material sonoro.
Inconsistencias acústicas: determinadas características no resultaban compatibles con una grabación continua.
Posibles intervenciones posteriores: los especialistas señalaron que los rasgos detectados podrían corresponder a cortes o procesos de edición.
Manipulación no descartada: el análisis no permitió excluir la posibilidad de que los archivos hubieran sido alterados.
Posible utilización de inteligencia artificial: tampoco pudo descartarse que se hubieran empleado herramientas de IA para modificar o generar voces.
Estos elementos impidieron que los peritos llegaran a una conclusión definitiva sobre la autenticidad de las piezas examinadas. La presencia de esas particularidades técnicas, según el informe, no permitió establecer con certeza cuál fue el origen de los archivos ni determinar si las grabaciones conservaban las características del registro original.
El peritaje tampoco pudo establecer una atribución técnica de las voces a las personas imputadas. En consecuencia, el análisis no aportó una validación concluyente de la identidad de quienes supuestamente intervienen en los audios.
La ruptura de la cadena de custodia
Otro de los puntos relevantes del estudio fue la identificación de una interrupción en la cadena de custodia antes de que los archivos llegaran a los peritos. La cadena de custodia es un procedimiento destinado a preservar la identidad y la integridad de los elementos que se incorporan a una investigación judicial. Su finalidad es permitir que el material sometido a análisis sea el mismo que se obtuvo originalmente y que pueda verificarse si sufrió modificaciones durante su circulación.
En el caso de los audios atribuidos a Spagnuolo, el informe identificó una ruptura previa a la intervención de los especialistas. Esta circunstancia condicionó las posibilidades de comprobar que los archivos examinados conservaran las características del material inicial.
La limitación resulta importante para la evaluación técnica porque la autenticidad de una grabación no depende únicamente de las propiedades acústicas que puedan observarse durante el examen. También es necesario contar con elementos que permitan establecer su procedencia y verificar su preservación a lo largo del proceso.
Según el documento, la falta de continuidad en la cadena de custodia impidió despejar las dudas sobre el origen de los archivos y condicionó las conclusiones posibles. En esas condiciones, los especialistas no pudieron confirmar que el material hubiera permanecido inalterado desde su obtención hasta el momento del peritaje.
Los peritos de las partes que participaron en el proceso coincidieron en que los elementos examinados no permitían establecer una conclusión definitiva sobre la autenticidad de las grabaciones.
La defensa había planteado la posibilidad de edición
La defensa de Diego Spagnuolo había sostenido que los audios podían haber sido editados o creados mediante herramientas de inteligencia artificial. A partir de ese planteo, la Justicia dispuso la realización de un estudio técnico para determinar si era posible comprobar el origen de los archivos y profundizar las líneas de investigación.
El informe de Gendarmería abordó precisamente las condiciones técnicas de las grabaciones y las posibilidades de establecer su autenticidad. Sin embargo, los resultados no permitieron confirmar ni descartar de manera concluyente las hipótesis vinculadas con una eventual manipulación.
La posibilidad de que se hubieran utilizado herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces quedó entre las alternativas que los especialistas no pudieron excluir. A ello se sumaron los indicios de regrabación, las discontinuidades acústicas y las limitaciones derivadas de la ruptura de la cadena de custodia.
Por ese motivo, el estudio no pudo validar los audios ni establecer técnicamente quiénes eran las personas que hablaban en ellos. La coincidencia entre los peritos de las partes respecto de la imposibilidad de alcanzar una conclusión definitiva constituye otro de los aspectos señalados en el proceso.
Los audios dieron origen a una causa por presuntos sobornos
La investigación se inició después de la difusión pública de grabaciones atribuidas a Spagnuolo, en las que se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías relacionado con la compra de medicamentos.
En uno de los fragmentos que se conocieron públicamente se mencionaba que parte de esos fondos presuntamente estaban destinados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.
Esa referencia formó parte de los elementos que impulsaron el avance de la causa. No obstante, Karina Milei nunca estuvo imputada, según la información proporcionada sobre el expediente.
Las grabaciones se convirtieron en uno de los ejes de la controversia judicial debido al contenido atribuido a las conversaciones y a las presuntas irregularidades que describían. La investigación busca esclarecer los hechos denunciados, mientras que el peritaje técnico fue dispuesto para examinar la autenticidad del material que dio origen a parte de las actuaciones.
El informe de Gendarmería introduce ahora una limitación respecto de esas pruebas: los especialistas no pudieron establecer que las grabaciones fueran auténticas ni atribuir técnicamente las voces a las personas involucradas en la investigación.
Esta conclusión debe distinguirse de una resolución sobre la existencia o inexistencia de las presuntas irregularidades. El estudio se concentró en las características técnicas de los archivos y en las dificultades para verificar su origen, sin determinar por sí mismo el resultado general de la causa.