Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron la prisión domiciliaria concedida a Cristina Fernández de Kirchner y reclamaron que cumpla su condena en una cárcel común. La expresidenta fue sentenciada a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, y actualmente cumple arresto en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

En su presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal, los fiscales sostuvieron que el beneficio otorgado representa un "privilegio" sin justificación legal ni humanitaria, y denunciaron una "falta de igualdad ante la ley".

"El Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene interés en que las penas dictadas en casos graves de corrupción se cumplan como corresponde en establecimientos carcelarios", argumentaron. Además, advirtieron que la prisión domiciliaria implica un "gravamen concreto y actual" de difícil reparación.

Luciani y Mola afirmaron que no se verifican causales que justifiquen la modalidad de encierro domiciliario. "Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una regla clara del Código Penal y de la Ley de Ejecución Penal: la pena debe cumplirse en un establecimiento penitenciario", indicaron.

Los fiscales destacaron que no hay elementos de salud, edad u otros factores personales que ameriten una medida excepcional. Recordaron que, según un informe socioambiental fechado el 12 de junio, la propia exmandataria declaró estar en "buen estado de salud general".

"No se advertía que el encierro carcelario pudiera afectar el derecho a un trato digno o humanitario", subrayaron, y señalaron que la defensa no logró demostrar que el alojamiento en prisión implicara un menoscabo a su integridad personal.

En su escrito, Luciani y Mola cuestionaron en duros términos al tribunal de ejecución que autorizó el arresto domiciliario. Consideraron que se trató de "un desatino más" y acusaron al tribunal de otorgar un "trato desigual" respecto de los otros ocho condenados en la causa, quienes fueron detenidos y alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal.

"No se ha demostrado que las condiciones en prisión supongan un trato inhumano, indigno o cruel para Cristina Kirchner. Su edad, por sí sola, no justifica una morigeración de la pena", argumentaron.

También rechazaron el argumento de la seguridad personal de la expresidenta. Indicaron que el Ministerio de Seguridad había ofrecido alternativas de alojamiento seguras y controladas para garantizar su protección. Por el contrario, advirtieron que la prisión domiciliaria terminó exponiéndola a riesgos pese a las advertencias de organismos oficiales.

Finalmente, los fiscales solicitaron a Casación que revoque el beneficio: "Es necesario declarar que no existe impedimento real alguno para que Cristina Kirchner cumpla intramuros la pena impuesta. Su situación no difiere de la de los otros condenados. Esta anomalía consolida una prerrogativa indebida contraria a la igualdad ante la ley".