Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre pasado, continúa privado de libertad en condiciones que su familia y el Gobierno nacional califican de "secuestro". No tiene comunicación con sus allegados, carece de asistencia legal y se desconoce su estado de salud y paradero.
El 8 de diciembre de 2024, Gallo fue arrestado al ingresar a Venezuela desde Colombia por el puente internacional Francisco de Paula Santander. Desde entonces, la administración de Javier Milei desplegó diversas estrategias diplomáticas para lograr su liberación, sin resultados concretos.
La expectativa de la Casa Rosada está puesta en la mediación de Estados Unidos. Bajo la presidencia de Donald Trump, Washington logró en los últimos meses la liberación de presos políticos a través de negociaciones directas o mediante intercambios vinculados a la deportación de migrantes venezolanos. Según pudo saber TN, activos norteamericanos en Venezuela colaboraron en la salida del país de María Gómez, pareja de Gallo, y en la evacuación de cinco asesores de la dirigente opositora María Corina Machado que estaban asilados en la residencia oficial de la Argentina en Caracas.
Ahora, se avanza en una estrategia coordinada entre Argentina y Estados Unidos, a la que se suman Italia, Israel y Bélgica, países que también tienen ciudadanos o residentes detenidos en cárceles venezolanas bajo condiciones similares. El objetivo es aumentar la presión internacional para lograr una liberación conjunta.
Además de la vía política, se evalúan medidas de seguridad como parte de la presión. En paralelo, Estados Unidos reforzó en las últimas semanas su ofensiva contra el régimen de Maduro: duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información sobre el mandatario venezolano, incluyó al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua en la lista de organizaciones terroristas, autorizó al Pentágono a intervenir contra grupos narcocriminales en el extranjero y desplegó más de 4.000 marines y tres buques de guerra en el Caribe.
La familia de Gallo insiste en que se trata de un caso humanitario y reclama información certera sobre su situación. "Necesitamos justicia y respuestas", manifestaron en diálogo con este medio.