Argentina comenzará este jueves su apelación en el caso de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) fallara en su contra. La sentencia obliga al país a pagar USD 390 millones a Titan Consortium, entidad que adquirió los derechos de litigio del grupo Marsans, anterior propietario de la aerolínea.
Los argumentos de Argentina en la apelación
El Gobierno argentino buscará que una Corte del Distrito de Columbia en EE.UU. revierta la decisión del CIADI. Según Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, uno de los puntos principales del alegato será que Titan Consortium no es el legítimo beneficiario de la demanda, ya que los derechos del litigio pasaron por varias manos antes de llegar a esta empresa.
Otro de los argumentos clave es que la demanda presentada por Titan Consortium habría excedido el plazo de prescripción de seis años. El grupo Marsans inició el litigio original, pero en 2019 vendió los derechos del caso a Burford Capital, que posteriormente los transfirió a Titan Consortium en 2021.
Los antecedentes de la expropiación y el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas
Antes de la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008, Marsans había incurrido en una serie de prácticas que debilitaron la operatividad de la compañía. El grupo español retiró aeronaves y las transfirió a Iberia, dejando a la aerolínea argentina con flota obsoleta. Además, vendió activos estratégicos como oficinas en ciudades clave y simuladores de vuelo, lo que redujo la capacidad de entrenamiento del personal.
Marsans había adquirido Aerolíneas Argentinas y Austral en 2001 por un dólar, en una operación que requirió que el tesoro español inyectara USD 750 millones para su funcionamiento. Sin embargo, cuando dejó la gestión, la empresa acumulaba una deuda de USD 890 millones.
La expropiación y sus consecuencias legales
Según Maril, la expropiación de Aerolíneas Argentinas no se realizó siguiendo los procedimientos adecuados, lo que dejó al país expuesto a litigios internacionales. Esto derivó en el fallo adverso del CIADI, que ahora Argentina intenta revertir mediante la apelación.
Otro litigio millonario: el caso de YPF
El conflicto por Aerolíneas Argentinas no es el único problema legal que enfrenta el país. Argentina también perdió un juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF en 2012. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el país entregue información sobre sus reservas de oro el próximo 28 de febrero, como parte del proceso de embargo de activos soberanos.
El monto a pagar en el caso de YPF asciende a USD 17.200 millones, incluyendo intereses y honorarios legales. Solo en 2025, Argentina debería abonar USD 1.000 millones.
Un desafío financiero y legal para Argentina
La apelación del Gobierno argentino en el caso de Aerolíneas Argentinas busca revertir una sentencia que podría afectar gravemente las finanzas del país. Mientras tanto, el litigio por YPF representa un riesgo aún mayor, con una suma considerablemente más alta en juego. La resolución de estos casos será clave para la estabilidad económica y legal de Argentina en el corto y mediano plazo.
