Las intimidaciones llegaron pocos días después de que Rafael Grossi reclamara públicamente a Teherán que restablezca la cooperación con los inspectores internacionales. El planteo fue realizado durante la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores del OIEA, celebrada este miércoles en Viena.
En ese encuentro, el titular del organismo advirtió sobre las consecuencias de mantener durante tantos meses la falta de información verificable acerca del programa nuclear iraní. Grossi insistió en la necesidad de recuperar el acceso de los especialistas internacionales al territorio de Irán para que puedan desarrollar las tareas de supervisión correspondientes.
"Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia", había señalado el director general del OIEA.
Su intervención estuvo centrada en la importancia de recuperar las condiciones necesarias para que el organismo pueda verificar las actividades nucleares iraníes. La ausencia de información y las restricciones al trabajo de los inspectores constituyen, según el planteo expresado por Grossi, un obstáculo para obtener garantías sobre la transparencia del programa.
Durante la misma instancia, el funcionario también desaconsejó que Irán abandone el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), una decisión que sumaría dificultades al escenario de cooperación y control internacional que busca sostener el organismo.
Las restricciones iraníes al ingreso de inspectores
El conflicto tiene antecedentes en las medidas adoptadas por Teherán desde junio de 2025, luego de una serie de ataques de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes.
A partir de esos acontecimientos, las autoridades iraníes mantienen vetado el ingreso de los inspectores del OIEA a los complejos nucleares dañados, bajo argumentos vinculados con cuestiones de seguridad. La restricción impide que los especialistas internacionales accedan a esas instalaciones para realizar las verificaciones correspondientes.
En ese escenario, Irán solamente habilitó el acceso a la central nuclear de Bushehr, ubicada en el sur del país. La limitación del ingreso a los demás complejos constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre Teherán y el organismo encabezado por Grossi.
La falta de inspecciones y de información sobre las instalaciones afectadas fue precisamente uno de los aspectos que el diplomático puso sobre la mesa durante la reunión de Viena. Su pedido para restablecer la cooperación buscó recuperar las condiciones de supervisión que permitan determinar que el programa nuclear iraní tiene fines exclusivamente pacíficos.
Las posteriores amenazas de integrantes de la Guardia Revolucionaria contra el director general del OIEA profundizaron el enfrentamiento y motivaron la respuesta institucional del Gobierno argentino, que consideró inadmisible cualquier intimidación contra un funcionario internacional por ejercer las responsabilidades correspondientes a su mandato.
Buenos Aires y Teherán, en uno de sus momentos más críticos
El episodio también se incorpora a una escalada diplomática entre la Argentina e Irán, cuya relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más críticos. Las amenazas contra Rafael Grossi no constituyen un hecho aislado dentro de ese escenario, sino que se producen después de una serie de decisiones y pronunciamientos que incrementaron la confrontación entre ambos gobiernos.
Días atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina como "organizaciones terroristas". Para justificar la decisión, las autoridades iraníes invocaron el denominado "principio de reciprocidad" y una ley interna sancionada en 2019.
La medida fue presentada como una represalia directa frente a una decisión adoptada en marzo pasado por la administración de Javier Milei. En esa oportunidad, el Gobierno argentino incorporó a los Guardianes de la Revolución iraníes en el registro de organizaciones terroristas, una determinación que habilitó la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas contra el régimen islámico.
De esta manera, las decisiones adoptadas por ambos países fueron sumando nuevos elementos de confrontación. Primero, la administración argentina incluyó a la Guardia Revolucionaria iraní en el registro de organizaciones terroristas; posteriormente, Teherán respondió declarando organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas argentinas.
Ahora, las amenazas contra Grossi agregan una nueva dimensión al conflicto, al involucrar directamente a un diplomático argentino que ocupa una de las principales responsabilidades dentro del sistema internacional de supervisión nuclear y que, además, es candidato a conducir la Secretaría General de las Naciones Unidas a partir del próximo año.
El respaldo argentino y la defensa de la independencia del OIEA
Frente a este escenario, la respuesta de la Cancillería buscó establecer con claridad la posición institucional de la Argentina. El Gobierno no solamente condenó las expresiones de Mohammad Reza Naghdi y de otra autoridad de la Guardia Revolucionaria, sino que también reclamó el cese inmediato de las intimidaciones contra todo el personal del organismo nuclear.
El pronunciamiento oficial puso especial énfasis en que ningún funcionario internacional debe ser objeto de amenazas por cumplir las obligaciones propias de su cargo. En esa línea, el respaldo a Grossi quedó asociado a la defensa de la independencia, la imparcialidad y la integridad del OIEA.
La controversia se desarrolla mientras continúan las diferencias por el acceso de los inspectores a las instalaciones nucleares iraníes, la ausencia de información sobre el programa atómico y la necesidad de que Teherán ofrezca garantías de transparencia.
Con su comunicado, el Gobierno de Javier Milei expresó un rechazo categórico a las intimidaciones y exigió a las autoridades iraníes que cesen inmediatamente las amenazas. Al mismo tiempo, ratificó su respaldo al diplomático argentino y a la tarea institucional del organismo que dirige, en un contexto de creciente tensión bilateral entre Buenos Aires y Teherán.