La discusión sobre el costo de vida en la provincia de Catamarca ha sumado un nuevo capítulo de tensión tras la finalización de las audiencias convocadas por las empresas prestatarias de energía y agua. En este escenario, el diputado provincial Alfredo Marchioli (MC) ha sentado una posición firme respecto al rumbo económico que pretende tomar la gestión local. Para el dirigente radical, la ecuación es clara y no admite grises: si el Poder Ejecutivo decide convalidar los incrementos tarifarios, tiene, de manera simultánea, la obligación de garantizar una mejora en el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Según sostuvo Marchioli, el gobierno provincial tiene la obligación de recomponer los salarios y proteger a los sectores más golpeados de la sociedad catamarqueña. Esta demanda surge en un momento donde la presión sobre los hogares ha llegado a un punto crítico, en el que la capacidad de pago de los servicios esenciales se ve seriamente comprometida por la brecha existente entre los costos de las prestaciones y los ingresos reales de la población.
La brecha entre ingresos y servicios esenciales
El análisis del referente radical pone el foco en una contradicción que afecta la cotidianeidad de miles de familias. "No se puede seguir aumentando tarifas mientras los ingresos vienen por detrás, el servicio falla y las familias sienten que cada vez es más difícil pagar la boleta", expresó con preocupación. Para Marchioli, la realidad social ha quedado expuesta en los últimos días como una moneda de dos caras que confluyen en una misma crisis. Por un lado, se encuentra el reclamo legítimo y persistente de sectores fundamentales para el funcionamiento del Estado y la sociedad, como son los docentes y el personal de salud, quienes denuncian salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Por el otro, aparece la discusión técnica y empresarial por los aumentos en servicios vitales como la luz y el agua. La convergencia de ambos factores crea un escenario de vulnerabilidad donde el ciudadano queda atrapado entre la falta de recursos y la obligación de sostener servicios que, en muchos casos, presentan deficiencias operativas.
Un conflicto que trasciende lo administrativo
Para el legislador de la Unión Cívica Radical, la actual coyuntura ha dejado de ser una mera cuestión de números para transformarse en un desafío de gestión mucho más profundo. "El problema ya no es solo técnico ni administrativo. Es social y político", advirtió. En su visión, el Estado no puede desentenderse de las consecuencias que generan sus decisiones sobre el tejido social. La advertencia de Marchioli se centra en la imposibilidad de seguir cargando presión tributaria y tarifaria sobre los hombros de quienes sostienen la provincia.
El dirigente señaló que los más afectados por esta política incluyen a familias y jubilados, quienes poseen ingresos fijos que ven erosionada su capacidad de subsistencia, además de los trabajadores de sectores críticos, específicamente docentes y profesionales de la salud con haberes atrasados, y el sector productivo conformado por pequeños comercios y pymes, que deben afrontar aumentos sin una mejora en el consumo o la actividad económica.
Hacia una respuesta integral del Estado
Finalmente, Marchioli instó al Gobierno de Catamarca a abandonar la visión segmentada de la realidad. Señaló que el bolsillo del catamarqueño no discrimina entre problemas, sino que recibe el impacto conjunto de las tarifas, el costo de vida y los salarios atrasados, todo ello sumado a un servicio que, según sus palabras, muchas veces no está a la altura. La exigencia hacia la administración provincial es que, de avanzar con los aumentos, se implementen medidas concretas para recomponer los salarios, proteger a los jubilados y cuidar a quienes producen y sostienen la actividad económica. La discusión, según el referente, no puede reducirse exclusivamente a una planilla de costos empresariales. La conclusión es tajante: cuando los salarios no alcanzan y las boletas suben bajo un servicio deficiente, el gobierno debe asumir su responsabilidad política y dar una respuesta que contemple la totalidad de la crisis social y económica de la provincia.