La confianza depositada en la investidura de un funcionario público se transformó, para Daniela, en el inicio de una pesadilla que hoy busca justicia. Según su testimonio brindado al programa Telediario, la joven fue la primera en denunciar por abuso sexual al diputado provincial Javier Galán. El relato de los hechos describe una maniobra de manipulación previa: el legislador la citó con la excusa profesional de revisar documentación laboral, una propuesta que Daniela aceptó bajo la premisa de que se trataría de una reunión formal y pública.

"Yo nunca consentí ir a ese lugar. Yo pensé que íbamos a ir a tomar un café", explicó la denunciante, detallando que, en lugar del encuentro pactado, fue trasladada a un motel sin previo aviso. En ese entorno forzado, se produjo el abuso que Daniela describe con dolorosa claridad. La joven enfatizó de manera reiterada que en ningún momento hubo consentimiento: "En ningún momento accedí, ni antes ni después a todo lo que me hizo el diputado", sentenció. Durante el episodio, la resistencia de la víctima fue constante hasta que el agresor se detuvo; según su percepción, él paró porque en un momento sintió lástima ante su negativa.

El impacto psicológico y la asimetría de poder

El post-trauma ha dejado secuelas profundas en la vida cotidiana de Daniela. El estado de shock inicial no solo le impidió reaccionar de inmediato, sino que la sumergió en sentimientos de vergüenza y suciedad. Esta respuesta emocional, común en víctimas de violencia sexual, explica el tiempo transcurrido hasta la formalización de la denuncia. Actualmente, la joven describe un cuadro de vulnerabilidad extrema caracterizado por el miedo persistente, la falta de sueño y la imposibilidad de alimentarse con normalidad.

La preocupación de la denunciante se ve agravada por su situación familiar y la disparidad de recursos frente al acusado. Daniela vive sola con su hijo pequeño y carece de una red de protección masculina cercana, mencionando que no tiene un padre o un hermano. Este escenario es plenamente conocido por el legislador, lo que incrementa el temor a represalias.

Poder económico: El diputado posee corralones en diferentes partes de la provincia y dispone de cuantiosos recursos económicos.

Conocimiento territorial: Galán conoce la ubicación exacta del domicilio de la víctima.

Vulnerabilidad familiar: La denunciante recalca que él es consciente de que ella está sola a cargo de un bebé.

Extorsión laboral y patrones de conducta

La denuncia de Daniela no se limita a la integridad sexual, sino que también expone una trama de irregularidades laborales y violencia económica. Según su declaración, el diputado le exigía la entrega del 50% de su sueldo para permitirle conservar su puesto de trabajo. "No era voluntario", afirmó, dejando en evidencia que la estabilidad laboral estaba condicionada a este retorno monetario forzoso.

Tras el abuso, el comportamiento del legislador habría seguido una línea de aparente arrepentimiento y manipulación, comunicándose con ella para pedirle disculpas e incluso ofrecerle integrarse a su equipo de trabajo, un intento de cooptación que no logró frenar la búsqueda de verdad de la víctima.

Un reclamo colectivo contra la impunidad

Lo que comenzó como un grito individual se ha transformado en una causa colectiva. A raíz de la denuncia de Daniela, han surgido otros testimonios de mujeres que relatan experiencias similares. Aunque las víctimas no se conocían entre sí, los puntos de contacto en sus historias revelan un patrón sistemático de conducta por parte de Galán:

Repetición de patrones: Uso de las mismas palabras, pedidos y formas de acoso.

Insistencia: Un método de abordaje persistente hacia las mujeres de su entorno.

Multiplicidad de casos: Ya se mencionan entre cinco y diez mujeres que exponen hechos coincidentes.

Daniela manifestó que este acompañamiento le ha devuelto las fuerzas, asegurando que "la verdad va a triunfar porque hace más peso" al no tratarse ya de coincidencias aisladas. Su mensaje final fue una convocatoria a la valentía para otras posibles víctimas, instándolas a denunciar bajo la premisa de que ya no están solas y que este tipo de conductas abusivas desde el poder no pueden continuar impunes.