La negativa del juez Amarante y el conflicto de competencia con Campana
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó apartarse de una investigación contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presuntas maniobras de desvío de fondos y facturación falsa, y ordenó terminar con las medidas de prueba que estaban pendientes.
El conflicto de origen surgió luego de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay reclamara el expediente porteño, donde se investigan supuestos hechos de lavado de dinero a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas. El magistrado bonaerense consideró que existían similitudes con otra causa radicada en su juzgado por presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y emisión de facturas falsas, expediente remitido desde Santiago del Estero.
Ante esta situación, Amarante rechazó el planteo por prematuro y señaló que los actos de ejecución de la maniobra investigada habrían ocurrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la negativa, el conflicto de competencia deberá ser analizado por la Cámara en lo Penal Económico.
La ficción jurídica de la sede social y el contexto operativo
Para fundamentar su decisión de retener el expediente, Amarante sostuvo en una resolución que es de "público conocimiento" que, pese al cambio de sede social de la AFA, la entidad continuó desarrollando su actividad central en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento de los hechos investigados.
Por ese motivo, Amarante calificó como "mera formalidad y ficción jurídica" pretender que la competencia corresponda a los tribunales bonaerenses. Según el magistrado, priorizar el domicilio social ubicado en el partido de Pilar por sobre el lugar efectivo donde habrían ocurrido las conductas implica desconocer que los hechos presentan una "total desvinculación" con la jurisdicción de Campana.
En paralelo, se detallan aspectos institucionales sobre este cambio de domicilio:
La mudanza de la sede social a Pilar fue avalada por la Cámara Nacional en lo Civil.
El Estado apeló dicha decisión y el caso podría llegar a la Corte Suprema.
Las causas contra los dirigentes de la AFA continúan repartidas entre distintos juzgados.
La pista de los testaferros, la mansión y los vehículos de lujo
Dentro del expediente, el fiscal considera como un elemento de relevancia el hallazgo de una tarjeta de crédito a nombre de Luciano Pantano, cuya empresa, Real Central SRL, también tiene la propiedad de la casa de Pilar, por lo que se lo investiga como testaferro. Acorde a lo investigado, la tarjeta está vinculada con gastos relacionados a los vehículos de lujo encontrados en la propiedad.
La hipótesis actual que sostiene la Justicia considera que Pantano y Ana Conte, su socia en la firma mencionada, no tendrían un perfil patrimonial compatible con la compra de la mansión de Pilar y los autos, por lo que habrían actuado como testaferros de Toviggino.
Sobre este eje patrimonial y judicial específico, se destacan los siguientes datos:
La investigación por una mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares y registrada a nombre de presuntos testaferros ya pasó por cuatro tribunales.
La Cámara Federal de Casación convocó a una nueva audiencia para el 12 de agosto.
Antecedentes procesales y medidas cautelares vigentes
La causa principal no es el único frente judicial que enfrentan las autoridades de la casa madre del fútbol argentino. En tanto, el juez Amarante ya procesó a Tapia y Toviggino por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social.
Para comprender la dimensión de estas medidas previas y sus restricciones, se enumeran los guarismos y sanciones aplicadas:
Monto por aportes retenidos: 19.000 millones de pesos.
Embargos dictados: 350 millones de pesos por cada procesamiento confirmado por la Cámara.
