Después de cinco meses de trabas, la oposición logró poner en marcha en Diputados la comisión investigadora de la causa $LIBRA, un caso que sacude tanto a la política local como a los mercados financieros. El oficialismo había aprovechado una herramienta reglamentaria para dilatar su constitución, pero en las últimas semanas se designó a las autoridades y se aprobó un listado con unas 20 citaciones.
La particularidad es que los testigos deberán presentarse en el marco de la campaña electoral y con la causa judicial prácticamente detenida en los tribunales argentinos. Además, la comisión votó una medida inédita: si algún funcionario público se niega a concurrir, podrá solicitarse a un juez el "auxilio de la fuerza pública" para garantizar su comparecencia.
"Que los funcionarios del Gobierno se nieguen a concurrir al Congreso para brindar explicaciones políticas es inaceptable", señaló Maximiliano Ferraro, electo presidente de la comisión.
La comisión también fijó la posibilidad de enviar requerimientos por escrito con un plazo máximo de cinco días hábiles. El primero en recibirlos fue el presidente Javier Milei, con preguntas sobre su vínculo con los principales señalados: Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Las consultas incluyen detalles sobre reuniones en el Tech Forum y en Casa Rosada, la eventual firma de una "carta de intención" con plataformas cripto, y si el mandatario posee billeteras virtuales o conocía los riesgos de una especulación financiera con $LIBRA. El reglamento, sin embargo, no establece sanciones si el Presidente omite responder.
Primera tanda de citados
El martes 9 de septiembre será el primer día de comparecencias formales. Están convocados:
Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA).
María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) por $LIBRA.
Ambos están vinculados al entorno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y apuntados por su inacción frente a la estafa. También participarán como especialistas los exfuncionarios de la OA Luis Villanueva y José Massoni.
Quiénes más deberán declarar
La lista de convocados incluye a figuras del núcleo duro libertario y a empresarios del sector cripto:
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, señalada como nexo entre Milei y Davis. La investigación estadounidense la ubica como quien habilitó su ingreso a Casa Rosada.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, que ya negó vínculos con el lanzamiento del criptoactivo.
Manuel Adorni, vocero presidencial, presente en el Tech Forum y en reuniones con Davis.
Demian Reidel, exjefe del Consejo de Asesores, acusado de haber advertido sobre antecedentes de estafa de los desarrolladores.
Mauricio Novelli, trader y exempleador de Milei, señalado como organizador del Tech Forum y socio clave de Davis. Su familia fue filmada retirando bolsos de dinero tras la estafa; sus cuentas están congeladas.
Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli, quien convirtió en criptoactivos más de u$s 500.000 antes de que la Justicia interviniera.
Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, cercano a Karina Milei y único funcionario que renunció tras el escándalo.
Roberto Silva, titular de la CNV, acusado de ausentarse en citaciones previas.
Paul Stark, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Giselle Castelnuovo, exsubsecretaria de Asuntos Públicos, responsable del Registro de Audiencias.
Ariel Parkinson, operador del Tech Forum y colaborador de Davis en el país.
Jeremías Walsh, socio de Novelli.
Walter Kerr, histórico traductor de Cancillería, que participó en reuniones como intérprete.
Diógenes Casares, empresario financiero, quien denunció pagos de hasta u$s5 millones a un funcionario para garantizar la difusión de $LIBRA.
Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum, único extranjero citado, que reveló que le pidieron dinero para acceder a Milei.
Lo que viene
La comisión investigadora tiene plazo hasta noviembre para elaborar un informe final. La oposición busca exponer los vínculos políticos del oficialismo con los impulsores de $LIBRA, mientras en la Justicia argentina la causa avanza a paso lento.
La incógnita es si Milei responderá el cuestionario enviado y qué impacto tendrán las comparecencias en medio de la campaña electoral.
