La política judicial se convirtió en uno de los principales focos de tensión dentro del Gobierno nacional. En las últimas semanas, la disputa por el control de las designaciones en la Justicia profundizó las diferencias entre sectores de poder cercanos al presidente Javier Milei y dejó expuestas nuevas fricciones internas.
Según distintas fuentes del oficialismo, el mandatario mantiene un interés limitado por los asuntos vinculados al Poder Judicial, una tarea que inicialmente quedó bajo la órbita de Santiago Caputo. Sin embargo, con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y la influencia creciente de Karina Milei y su entorno, el esquema de conducción sufrió modificaciones que alteraron el equilibrio interno.
El conflicto por los pliegos judiciales
La controversia más reciente se produjo tras el envío al Senado de una extensa nómina de candidatos para cubrir vacantes judiciales. La discusión se centró en la postulación de María Verónica Micheli para un juzgado federal en La Plata, una candidatura que generó resistencias dentro del oficialismo.
De acuerdo con trascendidos políticos, el caso escaló hasta el despacho presidencial luego de que Santiago Caputo cuestionara la designación. A partir de allí, la Casa Rosada habría impulsado gestiones para retirar el pliego.
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se habría opuesto a esa estrategia y respaldó el tratamiento parlamentario de la candidatura. La situación alcanzó su punto máximo cuando el Senado avanzó con la aprobación de 74 pliegos judiciales, incluyendo el de Micheli.
La eventual decisión presidencial de no firmar la designación definitiva abriría un escenario poco habitual. Especialistas recuerdan que existen muy pocos antecedentes de un mandatario que se negara a formalizar un nombramiento ya aprobado por la Cámara Alta.
La carrera por cubrir vacantes
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia avanza con un proceso acelerado para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial. Actualmente, cerca del 37% de los puestos judiciales permanecen sin titulares permanentes, una situación que preocupa a distintos sectores del sistema.
La estrategia oficial apunta a completar juzgados, fiscalías y cámaras federales, en una reconfiguración que podría tener impacto durante las próximas décadas.
Entre las definiciones más observadas figuran los concursos para integrar la Cámara Federal, tribunal clave en la revisión de causas vinculadas a corrupción y delitos contra la administración pública.
Las dudas en torno a Adorni
Otro foco de atención dentro del oficialismo está vinculado a la situación patrimonial de Manuel Adorni.
En ámbitos judiciales y políticos se sigue con expectativa la presentación de documentación relacionada con su patrimonio, mientras avanzan distintas investigaciones y pedidos de información financiera.
Las consultas sobre operaciones con criptomonedas y movimientos patrimoniales forman parte de los elementos que analizan los organismos competentes. Por el momento, las actuaciones continúan en etapa de evaluación técnica.
El escenario hacia 2027
Aunque la atención pública comenzará a concentrarse en el Mundial, en la dirigencia política ya se multiplican las especulaciones sobre las elecciones presidenciales de 2027.
La fragmentación del escenario político alimenta versiones sobre eventuales candidaturas de figuras alejadas de la estructura partidaria tradicional. En distintos espacios comienzan a mencionarse dirigentes, referentes sociales, empresarios e incluso personalidades del ámbito religioso y mediático como potenciales protagonistas de la próxima disputa presidencial.
Mientras tanto, el Gobierno busca consolidar su agenda económica y contener las tensiones internas, en un contexto donde la política judicial, las investigaciones sensibles y la carrera electoral ya empiezan a cruzarse de manera cada vez más evidente.