En un contexto político cada vez más polarizado, el Gobierno ha presentado una propuesta para derogar varias leyes clave que promueven la igualdad de género y la protección de las minorías sexuales. Entre las leyes afectadas se encuentran la Ley Micaela, los cupos en el Estado para personas travestis, transexuales y transgénero, y la figura de femicidio en el Código Penal. Estas medidas, que buscan fomentar una mayor igualdad y diversidad, podrían ser eliminadas en el marco de una serie de cambios legislativos que se enviarán al Congreso durante las sesiones ordinarias de 2025.
En la Casa Rosada aseguran que eliminarán todas las leyes y normas que "contemplen discriminación positiva sobre minorías". La encargada de trabajar el proyecto es la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.
En Balcarce 50 sostienen que "no resiste ningún análisis que el Estado tenga que hacer excepciones y darle un trato especial a un grupo particular", y expresan que Javier Milei está en contra de impulsar una política que "defienda la diversidad de género".
Las leyes que podrían ser derogadas y sus implicaciones
Uno de los principales objetivos del Ejecutivo es eliminar todas las "discriminaciones positivas" dirigidas a las minorías. En este sentido, la Ley 26.791, que agrava el homicidio cuando es perpetrado por un hombre con violencia de género, podría ser derogada. Desde el Gobierno se argumenta que no existe diferencia entre el homicidio de un hombre o una mujer, una postura que minimiza la violencia de género y la discriminación histórica hacia las mujeres.
Además, se encuentra en la mira la Ley Micaela (27.499), que establece capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para empleados del Estado, el Congreso y la Justicia. La eliminación de esta norma implicaría un retroceso en los esfuerzos para sensibilizar a los funcionarios sobre la violencia de género y los derechos de las mujeres, cruciales para la construcción de una sociedad más equitativa.
Otra medida que se prevé eliminar es la Ley de Paridad de Género (27.412), que exige que mujeres y hombres se ubiquen de manera intercalada en las listas de candidatos a cargos electivos. Esta ley ha sido fundamental en la búsqueda de una representación política más equitativa entre los géneros y su derogación sería un duro golpe para la igualdad de género en la política.
Los impactos de la eliminación de los cupos laborales y otras normativas
El paquete de leyes también incluye la eliminación de los cupos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público (Ley 27.636), los cuales aseguran un mínimo del 1% de representación en las estructuras estatales. La eliminación de esta ley sería un retroceso significativo en la inclusión de personas trans en el ámbito laboral, una comunidad históricamente marginada y discriminada.
De igual manera, la propuesta también afectaría al Decreto 476/2021, que estableció la posibilidad de un DNI no binario, una medida que reconoció la identidad de género más allá de la dicotomía masculina-femenina. Esta decisión podría impactar gravemente los derechos de las personas no binarias, quienes verían comprometido su reconocimiento legal y administrativo.
Un retroceso en los derechos de las mujeres y las diversidades
La posible derogación de estas leyes representa un grave retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres y las minorías de género. Las normativas que podrían ser eliminadas fueron diseñadas para promover una sociedad más inclusiva, donde la igualdad de género y el respeto por la diversidad sexual sean principios fundamentales.
La Ley Micaela y las leyes de cupo y paridad de género han sido avances clave para garantizar una mayor representación y protección de las mujeres y las personas LGBT+ en diversos ámbitos, como la política, el empleo y la seguridad. La derogación de estas leyes no solo eliminaría mecanismos que han demostrado ser efectivos, sino que también podría enviar un mensaje negativo sobre la importancia de la equidad de género en una sociedad democrática.
El proyecto del Gobierno para derogar leyes fundamentales en la protección de los derechos de las mujeres y las minorías de género debe ser examinado con sumo cuidado. La eliminación de estas normativas no solo significaría un retroceso para la igualdad, sino que también podría perpetuar la discriminación y la violencia de género, al reducir las herramientas legales que protegen a las víctimas. En un momento donde las luchas por la diversidad y los derechos humanos se encuentran en constante avance, resulta crucial que la sociedad se movilice para defender los logros alcanzados y garantizar que el camino hacia la igualdad de derechos no retroceda.
La discusión sobre este paquete legislativo será clave en los próximos meses, y es esencial que se prioricen los derechos humanos y la igualdad de género sobre políticas que buscan restar valor a los avances conseguidos.