La discusión sobre el manejo de los fideicomisos mineros en Catamarca volvió a instalar en el centro del debate legislativo la necesidad de transparentar el destino de los recursos provenientes de las regalías. En ese escenario, la exdiputada Silvana Carrizo y el diputado Mamerto Acuña, dirigentes de GENERAR, renovaron sus cuestionamientos al funcionamiento de estos instrumentos y advirtieron que la controversia no puede limitarse a explicar las diferencias entre los registros de regalías y los montos informados por el fondo fiduciario.
Para ambos dirigentes, el problema excede la cuestión contable y abarca el esquema de administración de los recursos, la información disponible sobre las inversiones, los mecanismos de rendición de cuentas y las atribuciones de la Legislatura para controlar el destino de fondos públicos. También insistieron en la necesidad de recuperar la distribución directa de las regalías a los municipios, con el argumento de que las comunidades vinculadas con la actividad minera deben tener una participación efectiva en la definición de las prioridades de inversión.
El planteo se produjo luego de que el diputado Francisco Monti señalara una diferencia de $3.251 millones entre las regalías registradas por ARCAT y las informadas por el Fondo Fiduciario. Mientras el oficialismo busca explicar esa discrepancia, Carrizo y Acuña remarcaron que incluso una justificación completa de la diferencia dejaría sin resolver los cuestionamientos estructurales que vienen formulando desde hace cuatro años.
"Pero no nos engañemos, aunque esa diferencia se explicara por completo, la cuestión de fondo seguiría sin saldarse", advirtieron, al recordar que sostienen esta posición desde 2022 y que la reiteraron durante los sucesivos debates presupuestarios en la Legislatura.
El cuestionamiento a un presupuesto paralelo
Uno de los principales ejes de las críticas de Carrizo y Acuña es la existencia de lo que definieron como un presupuesto paralelo, en referencia al funcionamiento de los fondos fiduciarios mineros por fuera del esquema general de ingresos y gastos del Estado provincial.
Según señalaron, las leyes 5.336 y 5.151 establecen que el presupuesto debe contemplar la totalidad de los recursos y las erogaciones estatales. Sin embargo, sostuvieron que los fideicomisos mineros funcionan al margen de esa estructura, una situación que, a su entender, dificulta el seguimiento integral de los fondos y limita las posibilidades de control institucional.
Los dirigentes recordaron que ya habían advertido sobre esta cuestión durante el tratamiento del Presupuesto 2023. Posteriormente, en el debate del Presupuesto 2025, volvieron a señalar que el fideicomiso de regalías no estaba incorporado al presupuesto provincial y que recursos provenientes del endeudamiento eran destinados a ese instrumento sin un control efectivo.
El planteo también fue reiterado durante la discusión del Presupuesto 2026. Para Carrizo y Acuña, la continuidad de estas observaciones demuestra que el problema no se reduce a una diferencia puntual entre registros, sino que requiere revisar el modo en que se integran, administran y supervisan los recursos mineros.
Rendiciones de cuentas sin claridad
Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con la información que se presenta sobre los ingresos y egresos de los fideicomisos. Los dirigentes recordaron que la Ley 5.642 establece la obligación de remitir informes semestrales a las comisiones de Hacienda de la Legislatura. Sin embargo, consideraron que la documentación recibida no alcanza para conocer con precisión cómo se utilizaron los recursos.
"Las rendiciones y los informes que llegan no permiten saber qué obra se financió, con qué recurso, a qué costo, con qué adjudicatario ni en qué plazo", señalaron.
La crítica apunta a la falta de información detallada sobre las inversiones ejecutadas con fondos provenientes de la actividad minera. Para los legisladores, no basta con presentar informes generales: es necesario que la documentación permita identificar las obras, conocer su financiamiento, establecer los costos, individualizar a los adjudicatarios y verificar los plazos de ejecución.
Como antecedente, Carrizo y Acuña mencionaron un pedido de informes presentado en 2022 sobre el fideicomiso del Salar del Hombre Muerto. El objetivo era acceder a información sobre los ingresos y egresos de cada año, el origen de los aportes recibidos y las obras realizadas.
Según afirmaron, cuatro años después todavía no cuentan con la información completa que habían solicitado. La persistencia de esa falta de documentación constituye, para ambos, una de las principales dificultades para evaluar el funcionamiento del sistema y controlar el destino de los recursos.
La autorización de las obras y el papel de la Legislatura
Las objeciones también alcanzan el procedimiento mediante el cual se definen las inversiones financiadas con los fondos fiduciarios. Carrizo y Acuña sostuvieron que los presupuestos del fondo nunca fueron tratados por la Legislatura y remarcaron que la existencia de un listado de obras no reemplaza la necesidad de que el Poder Legislativo autorice el plan de inversión que involucra recursos públicos.
Desde su perspectiva, la discusión no debe limitarse a determinar qué obras se ejecutaron, sino que también debe contemplar quién define las prioridades, bajo qué criterios se asignan los fondos y qué mecanismos institucionales permiten supervisar las decisiones.
En ese sentido, plantearon que el plan estratégico de inversión debe ser elevado a la Legislatura para su tratamiento. La propuesta busca que las decisiones sobre la utilización de los recursos mineros cuenten con instancias de evaluación y control parlamentario.
Más de $20.750 millones en aportes extraordinarios
Otro de los aspectos que pusieron bajo análisis es la necesidad recurrente de realizar aportes extraordinarios al fideicomiso desde el Tesoro provincial. Para los dirigentes, esta situación abre interrogantes sobre la eficiencia del instrumento y sobre su capacidad para sostener las inversiones previstas con los recursos que administra.
"Si el fondo es tan eficiente, ¿por qué necesita nuevos recursos del Tesoro una y otra vez?", plantearon.
De acuerdo con los datos expuestos por Carrizo y Acuña, tres aportes extraordinarios efectuados en dos años superan los $20.750 millones nominales. El último desembolso mencionado fue de $7.751 millones, realizado en septiembre, destinado a cubrir certificados de obra pendientes.
Los dirigentes consideraron que estos aportes refuerzan la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema y establecer criterios que garanticen previsibilidad, transparencia y control en la administración de los fondos.
El señalamiento se suma a los cuestionamientos sobre la falta de información detallada y la ausencia de tratamiento legislativo de los presupuestos del fideicomiso. En conjunto, sostienen, estos aspectos deben formar parte de una discusión integral sobre la administración de los recursos provenientes de las regalías mineras.
Regalías para compensar, reparar y promover
En el cierre de su planteo, Carrizo y Acuña insistieron en que las regalías mineras tienen una finalidad específica: compensar, reparar y promover el desarrollo de las zonas de influencia de la actividad. Desde esa perspectiva, consideraron que las decisiones sobre su utilización no deberían quedar circunscriptas al Poder Ejecutivo, sino que tendrían que adoptarse con información pública, control institucional y participación de las comunidades involucradas.
La discusión que proponen, por lo tanto, abarca tanto la transparencia de los registros como la estructura de administración de los fondos, las condiciones de aprobación de las obras y el papel que deben desempeñar los municipios en la definición de las prioridades.
"Las regalías mineras existen para compensar, reparar y promover el desarrollo de las zonas de influencia. Su destino debe decidirse con control, información y participación del territorio, no puertas adentro del Ejecutivo", concluyeron.
Ambos dirigentes manifestaron su disposición a participar de una discusión seria, técnica y transparente sobre el futuro de los fondos mineros en Catamarca. Su planteo es que la revisión del sistema no se limite a aclarar las diferencias detectadas en los registros, sino que permita abordar los mecanismos de control, las rendiciones de cuentas y la distribución de los recursos, aspectos que consideran pendientes desde 2022.