• Dólar
  • BNA $1525 ~ $1575
  • BLUE $1580 ~ $1600
  • TURISTA $1982.5 ~ $1982.5

19 C ° ST 19.2 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Carrizo reclamó una defensa activa de los títulos mineros de Catamarca y exigió la definición del límite con Salta

La exdiputada provincial pidió que la Fiscalía de Estado intervenga en la causa que se tramita en Salta y cuestionó la ausencia de Catamarca en la defensa de sus derechos mineros. Propuso una reforma legislativa para garantizar la participación obligatoria de la Provincia y convocó a los legisladores nacionales a impulsar la delimitación territorial definitiva.

Silvana Carrizo
Silvana Carrizo

17 Noviembre de 2026 09.14

La exdiputada provincial y dirigente del espacio Generar, Silvana Carrizo, planteó la necesidad de que Catamarca asuma un papel activo en la defensa de sus derechos mineros frente a los conflictos judiciales que involucran territorios y concesiones otorgadas por la Provincia. Su reclamo se originó en una causa que se tramita ante la Justicia de Salta, en la que se dispuso la suspensión de actividades de la empresa Marhen Lithium en un sector de la Puna catamarqueña, donde existen títulos mineros concedidos por Catamarca y Salta sobre una misma zona.

La controversia involucra directamente los derechos mineros correspondientes a las minas Tati, Tati I y Tati II, cuyas concesiones fueron otorgadas por Catamarca en Antofagasta de la Sierra. Al mismo tiempo, Salta concedió sobre esa misma área la mina Tabariogrande a Lithium S Corporation, generando una superposición de derechos que derivó en un conflicto judicial entre particulares y puso en discusión la situación de las concesiones provinciales.

El expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el pasado 5 de noviembre resolvió que la causa continúe tramitándose en Salta. Para adoptar esa decisión, el máximo tribunal aplicó el criterio de prevención, teniendo en cuenta que todavía no existe una delimitación definitiva del límite interprovincial en ese sector de la Puna.

Sin embargo, para Carrizo, más allá de la decisión sobre la jurisdicción que debe continuar interviniendo, existe un aspecto institucional que requiere especial atención: la ausencia de una presentación de Catamarca en el expediente para defender los derechos mineros que la propia Provincia otorgó.

De acuerdo con el dictamen de la Procuración General de la Nación, señaló la dirigente, no surge que Catamarca se haya presentado en el proceso judicial para ejercer la defensa de sus concesiones. Esta circunstancia constituye el eje de su cuestionamiento, porque considera que la protección de los títulos mineros provinciales no puede quedar exclusivamente en manos de las empresas privadas involucradas.

En ese sentido, expresó una de las principales definiciones de su planteo: "La defensa de un título minero otorgado por Catamarca, en una zona de límites en disputa, no puede depender de una empresa privada".

El fallo de la Corte no definió la pertenencia territorial

Carrizo también hizo hincapié en la necesidad de interpretar correctamente el alcance de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según explicó, el fallo del 5 de noviembre no determinó a qué provincia pertenece territorialmente el área en conflicto, sino que se limitó a establecer qué jurisdicción judicial debe continuar interviniendo en el expediente.

La diferencia resulta central para el planteo de la exlegisladora, debido a que la continuidad del proceso en Salta no representa, por sí misma, una definición sobre la titularidad territorial de la zona ni resuelve la controversia limítrofe entre ambas provincias.

La falta de una delimitación definitiva del límite interprovincial fue precisamente el elemento considerado por la Corte para aplicar el criterio de prevención y mantener la tramitación de la causa en la Justicia salteña.

No obstante, Carrizo consideró que esta situación debe funcionar como una señal de alerta para las autoridades catamarqueñas. A su entender, el Estado provincial tiene responsabilidades concretas en la protección de sus recursos naturales, sus concesiones y los derechos mineros que otorgó mediante sus propios organismos.

Por eso, sostuvo que la intervención institucional no debe depender de las estrategias judiciales que adopten las compañías privadas que participan del litigio. La Provincia, desde su perspectiva, debe ejercer directamente las facultades que le reconoce su ordenamiento jurídico para defender sus intereses cuando estos se encuentren comprometidos.

Los fundamentos constitucionales y legales para intervenir

En su análisis, Carrizo recordó que Catamarca dispone de herramientas constitucionales y legales para intervenir en procesos judiciales que comprometan intereses provinciales, incluso cuando no haya recibido una notificación formal de la Justicia.

Como fundamento principal mencionó el artículo 162 de la Constitución de Catamarca, que reconoce al Fiscal de Estado legitimación para intervenir en todos los juicios en los que se encuentren comprometidos intereses o derechos de la Provincia. También destacó que la Ley 1553 establece que esa facultad alcanza a cualquier jurisdicción. De esta manera, según su interpretación, la representación de los intereses provinciales no queda limitada a los procesos que se tramiten dentro del territorio catamarqueño.

Otro de los elementos normativos señalados por la dirigente es la Ley 5682, a partir de cuya sanción el Ministerio de Minería ejerce como Autoridad Minera provincial y tiene responsabilidades directas sobre las concesiones y los registros correspondientes, a través de la Escribanía de Minas.

En ese contexto, Carrizo consideró necesario esclarecer una serie de cuestiones vinculadas con la actuación de los organismos provinciales frente al expediente judicial.

Entre los interrogantes que planteó se encuentran:

Si el Ministerio de Minería tomó conocimiento de las actuaciones judiciales que se tramitan en Salta.

Si la medida cautelar que dispuso la suspensión de actividades fue incorporada a los registros provinciales.

Si la empresa titular de los derechos mineros notificó a las autoridades sobre la existencia del conflicto.

Si se dio intervención a la Fiscalía de Estado y a los organismos competentes.

La dirigente sostuvo que resulta necesario conocer qué actuaciones administrativas se realizaron y si se utilizaron las facultades legales disponibles para resguardar los títulos otorgados por Catamarca.

Al explicar el sentido de su reclamo, aclaró que no busca establecer responsabilidades individuales, sino promover una respuesta institucional. "No se trata de buscar culpables. Se trata de que la Provincia tiene la facultad constitucional de defender sus títulos y no la usa. Todavía está a tiempo", afirmó.

El reclamo de intervención inmediata de la Fiscalía de Estado

Uno de los pedidos concretos de Carrizo está dirigido a la Fiscalía de Estado, a la que reclamó que se presente inmediatamente en la causa judicial y ejerza la representación de los intereses provinciales. Para la exdiputada, la existencia de concesiones otorgadas por Catamarca en una zona donde también se registran derechos mineros concedidos por Salta exige que el Estado provincial participe formalmente del proceso.

En esa presentación, planteó que debe quedar expresamente establecido que lo que se resuelva en el expediente no puede condicionar la futura delimitación territorial entre ambas provincias ni resultar oponible a Catamarca por fuera de las partes involucradas.

El planteo apunta a preservar la posición provincial frente a las consecuencias que pudiera tener la resolución del conflicto entre las empresas privadas, teniendo en cuenta que las concesiones mineras involucradas fueron otorgadas por jurisdicciones diferentes sobre una misma zona.

Al mismo tiempo, reclamó que el Ministerio de Minería brinde información precisa sobre las comunicaciones recibidas del Juzgado de Minas de Salta, el registro de la medida judicial y las notificaciones que pudiera haber realizado la empresa titular.

De esta manera, su propuesta contempla dos líneas de actuación inmediata: por un lado, que la autoridad minera informe sobre las actuaciones administrativas vinculadas con el conflicto y, por otro, que la Fiscalía de Estado asuma la defensa judicial de los derechos provinciales.

Una reforma legislativa para evitar nuevos conflictos

Más allá de la intervención urgente que reclama en el expediente actual, Carrizo advirtió que existen vacíos en la legislación provincial que deberían corregirse para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse. Según explicó, ni la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado ni el Código de Procedimientos Mineros contemplan un mecanismo específico que garantice la participación obligatoria de Catamarca cuando se desarrollan litigios entre particulares que pueden afectar concesiones mineras otorgadas por la Provincia.

La dirigente consideró que esta ausencia normativa adquiere especial relevancia en las zonas donde existen controversias limítrofes con otras jurisdicciones, porque allí los conflictos entre titulares privados pueden comprometer directamente derechos mineros provinciales.

Frente a ese escenario, propuso impulsar una reforma legislativa que establezca procedimientos obligatorios de comunicación e intervención institucional.

Su iniciativa contempla tres medidas centrales:

Comunicación inmediata a la Fiscalía de Estado: establecer la obligación de la Autoridad Minera y de la Escribanía de Minas de informar inmediatamente cualquier medida judicial que afecte derechos mineros otorgados por Catamarca, independientemente de la jurisdicción en la que se dicte.

Intervención obligatoria de la Fiscalía: garantizar la participación de la Fiscalía de Estado en los procesos judiciales vinculados con zonas donde los límites interprovinciales todavía no hayan sido definidos.

Creación de un registro público: implementar un registro de los derechos mineros catamarqueños ubicados en esas franjas territoriales, incluyendo las posibles superposiciones con concesiones otorgadas por otras provincias.

La propuesta busca establecer un procedimiento institucional que permita identificar los conflictos, comunicar oportunamente las decisiones judiciales y asegurar que los organismos provinciales participen en la defensa de los derechos comprometidos.

Para Carrizo, la reforma permitiría evitar que la Provincia quede al margen de litigios que, aunque inicialmente puedan desarrollarse entre empresas privadas, tengan consecuencias sobre concesiones mineras otorgadas por Catamarca.

El dominio provincial de los recursos naturales

En su argumentación jurídica, la exlegisladora también recurrió a disposiciones de la Constitución Nacional para fundamentar la defensa de los títulos mineros y de los recursos naturales provinciales.

En particular, recordó que los actos públicos de las provincias, entre ellos el otorgamiento y el registro de concesiones mineras, cuentan con el reconocimiento establecido en el artículo 7 de la Constitución Nacional. Asimismo, mencionó el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios.

Estos fundamentos forman parte de la posición que Carrizo considera necesario sostener frente a los conflictos judiciales que involucren concesiones mineras catamarqueñas, especialmente cuando se trata de áreas donde todavía no existe una definición territorial acordada entre las provincias.

Desde su perspectiva, la defensa de los derechos mineros debe desarrollarse tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, mediante la intervención de los organismos que tienen atribuciones constitucionales y legales para representar a Catamarca.

El pedido a los legisladores nacionales para definir el límite con Salta

Para Carrizo, sin embargo, la respuesta definitiva al conflicto requiere avanzar en la delimitación territorial entre Catamarca y Salta. Consideró que mientras no exista una definición del límite interprovincial, continuarán presentándose situaciones en las que puedan surgir controversias sobre concesiones y derechos mineros en determinadas áreas de la Puna.

En ese sentido, recordó que la atribución para fijar los límites entre las provincias corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación, conforme a lo establecido en el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional.

Por ese motivo, convocó a los diputados y senadores nacionales que representan a Catamarca, pertenecientes a todos los espacios políticos, a trabajar para conseguir la definición definitiva del límite interprovincial con Salta.

El llamado busca que la cuestión territorial sea abordada como una política de defensa de los intereses provinciales, más allá de las diferencias partidarias. Para la dirigente, la protección de las concesiones mineras y la discusión sobre la pertenencia territorial de las zonas en conflicto requieren una posición institucional sostenida por los representantes catamarqueños en el Congreso.

Al cerrar su planteo, Carrizo vinculó directamente la controversia judicial con la defensa del territorio y de los recursos naturales de la provincia, particularmente el litio, y sostuvo que Catamarca cuenta con antecedentes históricos y jurídicos para respaldar su posición.

"Esto no es una causa de un partido, es el territorio de Catamarca y el litio de los catamarqueños. La Provincia tiene argumentos históricos y jurídicos sólidos, desde el decreto de 1904 y el Decreto 9375/1943. Lo que falta es decisión para defenderlos en cada expediente y para conseguir la ley", concluyó.

Su reclamo reúne así una exigencia inmediata de intervención judicial, una propuesta de modificación legislativa y una convocatoria política para que el Congreso de la Nación avance en la definición del límite entre Catamarca y Salta. El eje de su planteo es que la Provincia ejerza las facultades que le corresponden para proteger sus concesiones mineras y defender sus derechos sobre los recursos naturales involucrados en la controversia.