A dos años de la sanción de la Ley Provincial N.º 5.863, mediante la cual Catamarca adhirió al Título VII de la Ley Nacional N.º 27.742, la provincia atraviesa un nuevo escenario vinculado con la actividad minera a partir de la aprobación de cinco Proyectos Únicos mineros en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Se trata de Tres Quebradas, Fénix, Diablillos, Hombre Muerto Oeste y Sal de Oro II, aprobados por el Ministerio de Economía de la Nación.
De acuerdo con las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, los cinco proyectos representan para Catamarca USD 1.407 millones en activos computables, una cifra equivalente aproximadamente a $2,16 billones. Según el planteo de Silvana Carrizo, ese volumen de inversión constituye una dimensión significativa para la provincia, ya que representa más del 80 % del Presupuesto General de Catamarca para 2026.
La ex diputada provincial y referente del partido GENERAR puso el foco, sin embargo, en una cuestión central: la diferencia entre la magnitud de las inversiones anunciadas y la capacidad de la provincia para convertir ese proceso en desarrollo concreto para sus habitantes.
"Estamos hablando de inversiones enormes, que confirman el potencial de Catamarca en litio, oro y plata. Pero que se anuncien cifras millonarias no significa, por sí solo, que el desarrollo vaya a llegar a los catamarqueños", expresó Carrizo.
Activos computables para ser controlados
Uno de los aspectos sobre los que Carrizo hizo especial hincapié es la naturaleza de los activos computables informados en el marco del RIGI. Según explicó, esos montos representan compromisos de inversión y no desembolsos ya realizados.
A partir de esa distinción, sostuvo que resulta necesario establecer mecanismos de seguimiento que permitan verificar que las empresas cumplan con los montos de inversión y los plazos establecidos para cada proyecto.
La dirigente vinculó esa necesidad de control con las condiciones que el propio RIGI establece para las empresas. "El RIGI les garantiza a las empresas estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante treinta años. Si el Estado les ofrece previsibilidad durante tres décadas, Catamarca tiene derecho a exigir previsibilidad sobre las inversiones, el empleo, los proveedores, el cuidado ambiental y los beneficios que quedarán en nuestra provincia", sostuvo.
En ese planteo aparece uno de los ejes centrales de su posición: que la previsibilidad otorgada a las inversiones tenga como contrapartida una expectativa igualmente concreta respecto de los resultados que la actividad minera pueda generar dentro del territorio provincial.
Proveedores catamarqueños
Carrizo también puso especial atención en los proveedores locales, a partir de los importantes porcentajes de contratación de empresas de la provincia que, según señaló, fueron informados por los proyectos aprobados.
Para la referente de GENERAR, allí se encuentra uno de los principales desafíos que deberá afrontar Catamarca durante esta nueva etapa minera. El objetivo, explicó, debe ser que las compras y contrataciones vinculadas con los proyectos se realicen efectivamente dentro de la provincia.
"Ahí está uno de nuestros principales desafíos. Tenemos que lograr que esas compras y contrataciones se realicen en Catamarca. Para eso debemos fortalecer a nuestras empresas, brindarles herramientas para competir y contar con un registro provincial de proveedores mineros que tenga rango de ley, reglas claras y controles efectivos", afirmó.
El planteo supone, de acuerdo con sus declaraciones, que la llegada de capitales vinculados con la minería no sea analizada solamente desde el volumen de inversión comprometido, sino también desde la capacidad de generar una red económica provincial asociada a esos proyectos.
Capacitación y empleo
Otro de los aspectos señalados por Carrizo está relacionado con la formación de trabajadores y profesionales. En ese sentido, propuso una coordinación entre el Estado provincial, la Universidad Nacional de Catamarca y las escuelas técnicas, con el propósito de preparar anticipadamente a los jóvenes para los perfiles que serán requeridos por cada proyecto.
"No podemos esperar a que las empresas comiencen a buscar trabajadores para recién preguntarnos qué formación necesitan. Tenemos que anticiparnos para que nuestros jóvenes puedan acceder a empleos de calidad y no queden mirando desde afuera", manifestó.
La propuesta apunta a vincular las necesidades laborales de los proyectos mineros con las capacidades existentes y futuras de los trabajadores catamarqueños. Para Carrizo, la formación debe constituir una herramienta previa a la demanda concreta de las empresas y no una respuesta posterior una vez que las contrataciones ya hayan comenzado.
Regalías e infraestructura
La dirigente también sostuvo que los ingresos derivados de la actividad minera deben traducirse en mejoras concretas en los departamentos productores.
"Las regalías tienen que verse en caminos, energía, conectividad, agua, educación y mejores servicios. Las comunidades que viven cerca de los proyectos deben ser las primeras en percibir los beneficios del desarrollo", indicó. En este punto, su planteo incorpora la infraestructura y los servicios públicos como parte de los resultados que, a su entender, deberían acompañar el crecimiento de la actividad minera.
Entre los destinos que mencionó se encuentran:
- Caminos.
- Energía.
- Conectividad.
- Agua.
- Educación.
- Mejores servicios.
La referencia directa a los departamentos productores también forma parte de su reclamo para que los beneficios derivados de la actividad tengan una expresión territorial concreta y alcancen prioritariamente a las comunidades cercanas a los proyectos.
Ambiente, información y comunidad
El desarrollo de los proyectos mineros también fue vinculado por Carrizo con la necesidad de sostener controles ambientales rigurosos y garantizar una participación temprana de las comunidades. "La información, la participación y la consulta previa no pueden aparecer cuando el conflicto ya está instalado. Deben formar parte del proceso desde el comienzo. La minería necesita licencia legal, pero también confianza y licencia social", afirmó.
De esta manera, la ex legisladora ubicó la información, la participación y la consulta previa como elementos que, según su planteo, deben incorporarse desde las primeras etapas de los proyectos y no solamente cuando surgen situaciones de conflicto.
La cuestión ambiental aparece así integrada al debate sobre el desarrollo minero junto con el empleo, las inversiones, los proveedores y la infraestructura. Para Carrizo, el cumplimiento de las condiciones legales constituye una dimensión necesaria, pero el proceso también requiere generar confianza entre los distintos actores involucrados.
Recursos naturales y responsabilidad provincial
Carrizo recordó además que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. A partir de ese reconocimiento, consideró que también existe una responsabilidad vinculada con la manera en que esos recursos son administrados.
"Catamarca ya atravesó un ciclo minero. Tenemos experiencia suficiente para saber qué cosas dieron resultado y cuáles no. Este nuevo ciclo debe dejar empleo de calidad, proveedores fortalecidos, trabajadores capacitados, infraestructura y conocimiento. No puede limitarse a extraer y exportar nuestros recursos", señaló.
Su planteo coloca la experiencia acumulada durante anteriores etapas de la minería como un elemento a considerar en la planificación del nuevo escenario. El objetivo expresado por la dirigente es que la actividad genere capacidades que permanezcan en la provincia, además de la extracción y exportación de los recursos.