El gobierno de Javier Milei enfrenta un delicado escenario político mientras intenta lograr la aprobación del Presupuesto 2025 en el Congreso. Las negociaciones con los gobernadores provinciales, especialmente los pertenecientes a sectores opositores moderados, se han intensificado en busca de acuerdos, aunque el Ejecutivo mantiene su postura firme respecto al equilibrio fiscal.
Una alta fuente de la Casa Rosada afirmó que "nuestra intención es tener aprobado por el Congreso el presupuesto para el año que viene, pero no estamos dispuestos a poner en riesgo el equilibrio fiscal". Además, desde el entorno presidencial se mencionó que podría haber un llamado a sesiones extraordinarias para debatir el proyecto en profundidad, destacando que en caso de no lograrse un consenso, el Gobierno podría manejar los recursos con mayor discrecionalidad bajo el presupuesto prorrogado de 2023.
Gobernadores "dialoguistas" buscan modificaciones
En un comunicado emitido por 10 gobernadores pertenecientes al PRO y la UCR, se expresó apoyo al equilibrio fiscal, pero con demandas específicas para sus provincias. Entre sus solicitudes destacan:
- Compensación del Consenso Fiscal.
- Financiamiento de las cajas previsionales no transferidas.
- Redistribución de los fondos del impuesto a los combustibles.
Estas propuestas, que representan un costo estimado de 0,3% del PBI (unos 1.800 millones de dólares), han sido justificadas como "compensables" por los mandatarios. Sin embargo, desde el Ejecutivo Nacional advierten que las auditorías de las cajas previsionales aún no están completas, lo que dificulta un cálculo preciso de los fondos necesarios.
Estrategias y tensiones políticas
El Gobierno ya había iniciado un acercamiento con las provincias mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un programa destinado a resolver deudas mutuas entre la Nación y las 24 provincias. Hasta ahora, 10 provincias han adherido al régimen, aunque el diálogo sobre otros temas críticos, como las transferencias federales, sigue siendo complicado.
En este contexto, el Ejecutivo confía en que los gobernadores perciban como más beneficioso llegar a acuerdos, dada la menor flexibilidad que tendrían bajo un presupuesto prorrogado.
Corte Suprema: otro frente de negociación
Además del presupuesto, la agenda de sesiones extraordinarias podría incluir el tratamiento de los pliegos para la Corte Suprema de Justicia, una prioridad del Gobierno Nacional. Los nombres de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla están sobre la mesa, pero las negociaciones parecen empantanadas, con el kirchnerismo dispuesto a aprobar únicamente el pliego de Lijo.
Fuentes oficiales no descartan que, en caso de que el Congreso no avance, el Gobierno pueda optar por designaciones directas vía decreto, lo que generaría tensiones adicionales con la oposición.
El tiempo apremia y el Gobierno debe equilibrar la necesidad de consenso político con la urgencia de implementar un presupuesto que sostenga su plan de gobierno para 2025. Mientras tanto, los gobernadores opositores intentan aprovechar su posición para garantizar beneficios para sus provincias sin comprometer su alineación política.
La próxima etapa de negociaciones será clave para determinar no solo el rumbo del presupuesto, sino también la estabilidad política entre el Ejecutivo y las provincias en un año de alto voltaje político.
