La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el empresario Lázaro Antonio Báez por el delito de lavado de activos en la causa conocida como "El Entrevero", un expediente que investigó la compra de una estancia en Uruguay con fondos de origen ilícito. Con este fallo, el dueño del Grupo Austral acumula penas que ascienden a 19 años y medio de prisión, en el marco de distintas causas vinculadas a la corrupción y al desvío de fondos públicos.
El pronunciamiento fue dictado por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, que revisó la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 4 y los recursos presentados por las defensas. En su resolución, los camaristas confirmaron la pena de cuatro años y seis meses de prisión impuesta a Báez, así como la multa económica equivalente a tres veces el monto de las operaciones de lavado de dinero acreditadas durante el juicio.
La causa "El Entrevero" tomó su nombre de una estancia de 150 hectáreas ubicada frente al mar, en territorio uruguayo, cuya adquisición fue valuada en 14 millones de dólares. Según determinó la Justicia, el inmueble fue comprado con dinero proveniente de maniobras de corrupción y evasión impositiva, mediante una compleja estructura de sociedades pantalla diseñada para ocultar el verdadero origen de los fondos.
A partir de este nuevo fallo, los jueces encargados de la ejecución de la pena deberán resolver si corresponde unificar esta condena con las sentencias firmes que Báez ya cumple por las causas "Vialidad" y "La Ruta del Dinero K", que suman 15 años de prisión. De concretarse esa unificación, el empresario quedaría con una pena única cercana a los 20 años de cárcel.
En paralelo, a comienzos de diciembre la Corte Suprema de Justicia inició el trámite para incorporar al patrimonio del Estado los bienes y fondos decomisados tanto a Báez como a su hijo Martín Báez. La suma total a recuperar supera los 61 millones de dólares, producto de las distintas maniobras de lavado investigadas en los expedientes judiciales.
En su fallo, la Casación consideró probado que Báez inyectó dinero de origen ilícito en el mercado formal a través de operaciones inmobiliarias complejas, actuando como coautor del delito. Además de la estancia "El Entrevero", se comprobó que la maniobra se repitió con la compra de un campo en la ciudad uruguaya de Maldonado y de un departamento ubicado en la avenida Libertador 2424, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El tribunal también confirmó las condenas de otros integrantes del entramado jurídico, contable y financiero que rodeaba al empresario patagónico. Daniel Rodolfo Pérez Gadín fue condenado a cuatro años de prisión, mientras que al abogado Jorge Oscar Chueco se le ratificó una pena de tres años y seis meses. Ambos fueron señalados como piezas clave en la instrumentación de las maniobras de blanqueo, especialmente luego de la ruptura del grupo con Leonardo Fariña, quien había participado en gestiones previas.
Asimismo, Santiago Walter Edgardo Carradori recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión por su rol en la intermediación financiera necesaria para mover los fondos. Maximiliano Goff Dávila fue sentenciado a cinco años, al atribuírsele responsabilidad tanto en la compra del campo como en la adquisición del departamento en Buenos Aires. En tanto, Alejandro Maximiliano Acosta fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.
En cambio, la Cámara de Casación absolvió a Oscar Osvaldo Guthux. Los jueces entendieron que existía un margen de "duda razonable" respecto de su conocimiento y voluntad de participar en el delito, en función de su breve paso por la presidencia de una de las sociedades involucradas y su escasa vinculación con el resto de la organización.
Durante la revisión del caso, los camaristas también rechazaron los planteos de las defensas que sostenían que Báez estaba siendo juzgado dos veces por los mismos hechos ya analizados en "La Ruta del Dinero K". Según explicó el tribunal, se trató de maniobras independientes, con fondos distintos y mecanismos de lavado diferenciados.
Además, se desestimaron los cuestionamientos sobre la jurisdicción argentina para juzgar hechos ocurridos en Uruguay. La Sala IV sostuvo que se trató de un delito transnacional, planificado y ejecutado en parte desde Argentina, con efectos directos sobre el orden económico y financiero nacional. En ese sentido, valoró que la Justicia uruguaya remitiera los antecedentes para que la causa continuara en el país
La sentencia también ratificó el decomiso de las sumas involucradas en las operaciones: los 14 millones de dólares utilizados para la compra de "El Entrevero", otros 320.000 dólares correspondientes a un terreno en el Faro de José Ignacio y 800.000 dólares abonados por el departamento en la Ciudad de Buenos Aires.