La inminente aprobación definitiva de la reforma laboral ha dejado de ser únicamente un debate político para transformarse en un foco de preocupación jurídica de primer orden. Lo que en los despachos oficiales se presenta como una modernización necesaria del sistema, en el ámbito de los tribunales se observa como una puerta abierta a una litigiosidad sin precedentes. La principal advertencia es tajante: la reforma será judicializada de manera inminente, y los frentes de disputa se multiplicarán apenas la ley entre en vigencia. El equipo de análisis, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, señaló que la contienda tendrá dos vías paralelas: la acción institucional de la CGT, que cuestiona la inconstitucionalidad de la norma, y la reacción individual de trabajadores que vean afectados sus derechos.
El dilema de la retroactividad y los contratos vigentes
Uno de los puntos más sensibles y que mayor inquietud genera en la población es el impacto de la ley sobre quienes ya poseen un empleo en relación de dependencia. El interrogante central radica en saber si, ante un eventual despido, se aplicará el régimen indemnizatorio previo o la nueva reforma. La discusión parlamentaria dejó esta cuestión en una nebulosa peligrosa al no explicitar la vigencia temporal de la norma en el texto de la ley. Aunque el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentó llevar tranquilidad en comisión al asegurar que los trabajos anteriores mantienen los derechos consagrados en su legislación original, la ausencia de una cláusula escrita que lo ratifique es vista como una debilidad estructural. El senador Mariano Recalde advirtió que esta falta de consignación expresa motivará presentaciones judiciales masivas, ya que el texto no garantiza por escrito que los contratos celebrados antes de la promulgación queden exentos de los cambios.
La negativa del oficialismo a incluir un artículo bis que aclarara la aplicación de la ley a partir de su promulgación cerró la vía legislativa para evitar el conflicto. Ante este escenario, la única instancia para mitigar la litigiosidad parece ser la reglamentación presidencial. Un decreto reglamentario que establezca de manera específica y concreta el alcance de la norma podría zanjar la controversia, aunque el margen de duda persiste en rubros como el banco de horas y el nuevo esquema de horas extra, donde no está claro si los cambios impactarán de inmediato a toda la masa laboral.
Escenarios de conflicto y la doctrina de la Corte Suprema
La reforma no solo cambia las reglas de juego para el futuro, sino que interviene en procesos judiciales actuales. Paula Guardia Bourdin detalló escenarios críticos donde la vía de la litigiosidad es altamente probable: juicios con sentencia firme que busquen revisión, procesos en trámite sin sentencia definitiva y relaciones laborales iniciadas antes de la ley que finalicen bajo la nueva vigencia. En este marco, el Artículo 89 adquiere un rol protagónico al ordenar a los jueces laborales adecuarse a los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Esta disposición busca alinear la jurisprudencia de un fuero que históricamente ha sido reticente a seguir la doctrina del máximo tribunal, intentando dotar de mayor previsibilidad al sistema a través de una subordinación jerárquica explícita.
Por su parte, la CGT se prepara para un cuestionamiento integral basado en el principio de no regresividad. Este argumento sostiene que no se puede reducir el nivel de protección ya alcanzado por los trabajadores sin vulnerar preceptos constitucionales. A diferencia de lo ocurrido con el DNU 70/2023, donde el reclamo era formal por la vía del decreto, el trámite parlamentario actual obliga a discutir el contenido de fondo. La incertidumbre final recae en el ciudadano común que, ante la falta de diálogo y modificaciones en el Senado, queda a la espera de que sea la justicia, y no la ley, quien defina sus derechos ante un despido o una modificación en su contrato de trabajo