La Policía Federal Argentina (PFA) continúa con las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins vinculadas al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó un informe con un análisis extenso sobre los movimientos registrados en esas direcciones y, especialmente, sobre quiénes tenían el control de las mismas. El trabajo quedó a cargo del Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal, que debe realizar una verificación criptográfica destinada a analizar en profundidad las direcciones de criptoactivos que Adorni presentó ante la Justicia.
Según la información conocida, el exfuncionario afirmó que esas direcciones tuvieron movimientos entre 2014 y 2018. Ahora, los investigadores deberán avanzar sobre distintos aspectos técnicos, patrimoniales y normativos para determinar cómo funcionaron esas billeteras y quiénes estuvieron en condiciones de operarlas durante ese período.
Qué tipo de billeteras son y quién las generó
Uno de los primeros grupos de interrogantes planteados por el fiscal apunta a establecer las características de las direcciones de bitcoin aportadas por Adorni. Entre las cuestiones que deberá analizar la Policía Federal se encuentra determinar qué tipo de direcciones son las que fueron entregadas a la Justicia y si es posible comprobar si se trata de billeteras "en custodia o de autocustodia".
También se busca establecer desde qué fechas existen esas direcciones y quién las generó.
Estos puntos forman parte del análisis técnico solicitado para reconstruir el origen y funcionamiento de las billeteras, además de establecer la relación entre las direcciones presentadas y las personas que pudieron haber tenido control sobre ellas.
El pedido también contempla una cuestión vinculada con la conservación de las claves privadas. La investigación busca determinar si esas claves podían conservarse "en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital", como podría ocurrir con una paper wallet, elemento que Adorni había presentado durante una entrevista.
El análisis de los 41 movimientos
Otro de los ejes centrales de la pericia estará puesto sobre los 41 movimientos registrados dentro de las billeteras. La PFA deberá analizar si esas operaciones pudieron haber sido realizadas por una misma persona o si, por el contrario, intervinieron terceros.
También deberá intentar establecer si es posible identificar a las personas que tenían el control de las direcciones y determinar si quien posee actualmente las claves es la misma persona que tuvo el control de las billeteras durante el período comprendido entre 2014 y 2018.
Los interrogantes planteados buscan reconstruir la trazabilidad del control de los activos y de las operaciones realizadas durante esos años. Entre los aspectos que deberán ser examinados se encuentran:
- Si los 41 movimientos fueron realizados por una misma persona.
- Si participaron terceros en esas operaciones.
- Si es posible identificar a quienes tenían el control de las billeteras.
- Quién posee actualmente las claves.
- Si la persona que actualmente tiene las claves es la misma que controló las direcciones entre 2014 y 2018.
Qué normativa regía sobre las criptomonedas
La investigación no se limita al análisis técnico de las billeteras. Pollicita también solicitó información relacionada con el marco normativo argentino vigente durante el período en el que se produjeron los movimientos.
En particular, se busca determinar qué normativa regía en la República Argentina sobre las monedas virtuales entre 2014 y 2018. Otro de los puntos solicitados está relacionado con el alcance de la Resolución UIF 300/2014, vinculada con la prevención del lavado de dinero a través de criptomonedas.
La Fiscalía también pidió información destinada a determinar si durante ese período existía algún registro obligatorio de plataformas de intercambio o de proveedores de servicios de activos virtuales.
El objetivo es establecer cuál era el marco regulatorio existente durante los años en los que, según la explicación aportada por Adorni, se produjeron los movimientos de las billeteras.
Las operaciones de 2017 y 2018
El análisis solicitado también alcanza específicamente a las operaciones realizadas durante 2017 y 2018, período en el que Adorni liquidó sus activos. En este punto, la Fiscalía pidió determinar qué plazos mínimos de conservación de registros regían en las principales jurisdicciones donde operaban las plataformas de intercambio.
La cuestión apunta a establecer qué información podía encontrarse disponible actualmente respecto de aquellas operaciones y cuáles eran las obligaciones de conservación de registros existentes en las jurisdicciones correspondientes.
Así, el pedido de información combina el análisis de las propias direcciones de bitcoin con la revisión del funcionamiento de las plataformas y de las reglas que regulaban la conservación de información durante el período investigado.
La entrega de las claves ante la Fiscalía
Hace unos días, el abogado del exfuncionario, Matías Ledesma, se presentó en la Fiscalía Federal N°11 con las claves de acceso a las direcciones que habían sido aportadas a la Justicia.
Las claves fueron entregadas como parte de la justificación presentada respecto de la situación patrimonial de Adorni. En esa instancia se generó un "mensaje de desafío", destinado a ser insertado y firmado dentro de cada billetera. Con ese procedimiento se buscó corroborar tanto la existencia de las direcciones como el hecho de que quienes aportaban las claves tenían control sobre los movimientos registrados en ellas.
La verificación constituyó así una instancia destinada a acreditar el acceso y control sobre las billeteras presentadas ante la Justicia.
El origen de los US$ 591.000
Las direcciones de bitcoin quedaron bajo la mirada de la Justicia después de que Adorni explicara en su último escrito el origen de US$ 591.000 que no habían sido declarados inicialmente.
El exfuncionario incorporó posteriormente una rectificación de sus declaraciones juradas y señaló que ese dinero provenía de "ventas de activos". Esa explicación llevó las billeteras virtuales al centro de la investigación, ya que las direcciones aportadas ante la Justicia forman parte de los elementos utilizados para justificar la situación patrimonial señalada.
A partir de allí, el fiscal Pollicita solicitó a la Policía Federal un análisis más amplio, que incluye tanto la dimensión técnica de las billeteras como los movimientos registrados, el control de las claves y el marco normativo vigente durante los años investigados.