La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito comenzó a incorporar un nuevo componente sensible: la actividad financiera digital. En las últimas horas, la Justicia federal empezó a analizar los primeros reportes remitidos por plataformas operadoras de criptomonedas y billeteras virtuales, documentación que ya permitió detectar movimientos vinculados a activos digitales.
El avance se produjo en el marco de las medidas impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió respuestas de distintas firmas del ecosistema cripto tras las órdenes libradas para rastrear el patrimonio del funcionario. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, los informes preliminares habrían confirmado la existencia de transacciones en criptomonedas, aunque los montos registrados hasta el momento serían inferiores a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.
Sin embargo, dentro de la investigación no consideran cerrado el análisis sobre esta vía financiera. Por el contrario, los investigadores sostienen que estos primeros hallazgos podrían representar apenas una parte de una operatoria más amplia. En ese contexto, comenzó a evaluarse la posibilidad de avanzar con estudios específicos de "trazabilidad" técnica, una herramienta orientada a reconstruir el recorrido completo de los activos digitales para identificar tanto su origen como el destino final de los fondos electrónicos involucrados.
El avance de la investigación judicial
La causa se encuentra radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo y tomó un impulso decisivo hace poco más de un mes, cuando se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal. La medida no alcanzó únicamente a Adorni, sino también a su esposa, Bettina Angeletti, y a las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.
Ese punto marcó un cambio de escala dentro del expediente, ya que permitió a los investigadores acceder a información patrimonial y financiera que hasta entonces se encontraba protegida por reserva legal. A partir de allí, la fiscalía comenzó a desplegar una batería de requerimientos orientados a reconstruir de manera integral el flujo de dinero asociado a los imputados y a las sociedades bajo análisis.
Entre las medidas ya ordenadas figura un pedido formal al Banco Central, organismo al que se le solicitó un detalle exhaustivo de todos los productos financieros registrados a nombre de los involucrados desde enero de 2022.
Los datos requeridos por la fiscalía
El requerimiento enviado al Banco Central apunta a obtener información completa sobre distintas herramientas y operaciones financieras. Entre ellas:
- Cajas de seguridad
- Plazos fijos
- Préstamos
- Tarjetas
- Otros productos financieros asociados a los imputados
La intención de la fiscalía es consolidar un mapa detallado de la actividad económica y patrimonial de los investigados para luego contrastarlo con la información proveniente de plataformas digitales y del ecosistema Fintech.
El foco sobre el ecosistema Fintech
Uno de los aspectos centrales de la nueva etapa de la investigación es el cruce de datos entre el sistema financiero tradicional y las operaciones realizadas en plataformas tecnológicas. La Justicia busca establecer si existe una diferencia significativa entre el patrimonio declarado oficialmente y el volumen de gastos, ahorros o movimientos financieros detectados.
En ese esquema, el análisis de las criptomonedas adquiere relevancia específica por la complejidad técnica que suele implicar el rastreo de activos digitales. Por esa razón, la posibilidad de avanzar con estudios de trazabilidad aparece como una herramienta clave dentro de la estrategia judicial.
Las fuentes judiciales señalaron que, aunque los montos detectados hasta ahora serían relativamente menores frente a otros movimientos económicos bajo investigación, los especialistas no descartan que puedan surgir nuevas conexiones a medida que se profundice el análisis de las billeteras virtuales y de las plataformas consultadas.
La reconstrucción patrimonial bajo examen
La investigación se orienta a determinar si los movimientos detectados guardan coherencia con las declaraciones patrimoniales y el nivel de ingresos del jefe de Gabinete. El eje central del expediente pasa por establecer si existe o no una "inconsistencia insalvable" entre el patrimonio declarado y el volumen de recursos económicos identificados por los investigadores.
Para ello, la fiscalía busca integrar múltiples capas de información:
- Registros bancarios tradicionales
- Información fiscal
- Productos financieros
- Operaciones con billeteras virtuales
- Transacciones con criptomonedas
- Movimientos vinculados al ecosistema Fintech
La acumulación de esos datos permitirá reconstruir la dinámica financiera completa de los imputados y definir si existen elementos suficientes para sostener las sospechas que dieron origen a la causa.
Mientras tanto, el expediente continúa avanzando en los tribunales de Comodoro Py, donde el análisis patrimonial y tecnológico se transformó en una pieza central de la investigación judicial sobre Manuel Adorni y su entorno económico.
