El Gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma de la Ley de Ética Pública con el objetivo de endurecer las reglas sobre el comportamiento de los funcionarios y limitar el uso político de los recursos del Estado.

La iniciativa apunta a establecer con mayor precisión qué conductas quedarán prohibidas dentro de la administración pública, especialmente en lo referido al uso de oficinas, teléfonos, vehículos oficiales y otras herramientas estatales para actividades partidarias o proselitistas.

En la Casa Rosada sostienen que la normativa vigente fija deberes generales, pero buscan llevar esas pautas a supuestos concretos. Entre ellos, mencionan el uso de correos institucionales, el tiempo de trabajo, el teletrabajo, las redes sociales, los vehículos oficiales, la presión sobre subordinados, la organización de actividades partidarias y la eventual recaudación de aportes políticos desde el Estado.

Como referencia, el Ejecutivo observa la Hatch Act de Estados Unidos, que restringe la actividad política partidaria de empleados públicos mientras están en funciones, en oficinas estatales o utilizando recursos oficiales. La norma prevé sanciones que van desde advertencias hasta el despido y protege a los trabajadores frente a la coerción política.

En el Gobierno no descartan que la reforma también incluya cambios en los mecanismos de investigación y sanción de faltas, con definiciones más específicas sobre el armado político desde la función pública, pedidos de apoyo electoral o difusión de mensajes de campaña.

Aunque el proyecto no integra la agenda inmediata, en el Ejecutivo reconocen que forma parte de los cerca de 90 proyectos en elaboración para enviar al Congreso durante 2026. La iniciativa no se superpone con la denominada "ley anticasta" que el presidente Javier Milei promovió en 2024, que incluía otros ejes como topes salariales y cambios en el régimen político.