Una auditoría realizada sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre los registros internos de deuda exigible del organismo. El relevamiento se produjo después de la salida de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de la agencia hasta su desplazamiento en agosto de 2025, y permitió identificar diferencias entre la información proporcionada por dos áreas centrales de la estructura administrativa.
El trabajo examinó la gestión del organismo hasta el 21 de agosto de 2025 y abarcó distintos aspectos de su funcionamiento. Entre los elementos relevados se incluyeron los pagos realizados a droguerías, las deudas registradas, las cajas chicas, los equipos electrónicos, los contratos, los empleados y las declaraciones juradas.
La cifra detectada quedó expresamente consignada en el informe de auditoría: "Se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la Deuda Exigible".
El hallazgo surgió a partir de consultas efectuadas por los auditores a dos áreas consideradas claves para el análisis de los compromisos económicos del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass).
Dos áreas, dos registros de deuda
El relevamiento buscó establecer cuáles eran los pagos realizados y cuáles las obligaciones pendientes, para lo cual se solicitó información a ambas direcciones.
La diferencia entre los registros alcanzó los $158.717 millones, y dentro de ese desfasaje fue la Dnass la dependencia que informó el monto de deuda más elevado. La situación llevó a los auditores a advertir sobre posibles imprecisiones en la información proporcionada por esa dirección. Desde la propia Dnass señalaron que los importes informados y su clasificación podían haber sufrido variaciones como consecuencia de errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores.
Ese punto aparece como uno de los elementos centrales del informe, ya que la diferencia no se limita a una cuestión contable menor, sino que involucra una suma de gran magnitud entre dos registros internos destinados a reflejar las obligaciones exigibles del organismo.
La Dnass y el programa Incluir Salud
La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud tenía además bajo su órbita la implementación de programas como Incluir Salud, por lo que su información sobre pagos y deudas formó parte central del relevamiento.
Precisamente, esta dependencia quedó incluida en otro frente de análisis judicial. Según la información proporcionada, la Dnass se encuentra bajo análisis del fiscal Franco Picardi en una causa que investiga un presunto fraude y posibles coimas de hasta el 20%.
La acusación fiscal citada sostiene que los procesos de compra podrían haber presentado sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos. Estos señalamientos forman parte de la investigación judicial y no equivalen, por sí mismos, a una conclusión definitiva sobre las responsabilidades involucradas.
La auditoría administrativa y la investigación judicial aparecen así vinculadas por distintos elementos de los procesos de compras y pagos, aunque se trata de ámbitos diferentes: por un lado, el relevamiento de los registros internos y los procedimientos administrativos; por otro, la investigación sobre posibles irregularidades y eventuales responsabilidades.
El mecanismo de legítimo abono, bajo observación
Otro de los puntos destacados por la auditoría fue el mecanismo utilizado para efectuar determinados pagos. El informe observó específicamente la utilización de la figura de legítimo abono, destinada a cancelar bienes o servicios que ya habían sido entregados o cumplidos sin que previamente hubieran atravesado los procedimientos ordinarios de contratación.
Según el relevamiento, hasta la fecha de corte de la auditoría el organismo continuaba utilizando este mecanismo y solamente se habían iniciado seis procedimientos de compras relacionados con esos servicios.
La observación pone el foco sobre el circuito administrativo previo a los pagos. El informe señaló que existían prestaciones que eran abonadas mediante esta modalidad sin haber pasado inicialmente por los mecanismos ordinarios establecidos para las contrataciones.
Sin embargo, la auditoría no logró identificar cuáles fueron específicamente los pagos realizados bajo la figura de legítimo abono.
$479.504 millones para medicamentos e insumos
Aunque no pudo determinar de manera individual qué pagos se efectuaron mediante legítimo abono, la auditoría sí relevó el volumen total de recursos destinado a los prestadores de medicamentos e insumos.
Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, los prestadores de ese sector recibieron un total de $479.504 millones. La magnitud de esa cifra constituye otro de los elementos centrales del relevamiento, debido a que permite dimensionar el volumen económico de las operaciones analizadas durante el período examinado.
En ese marco, el informe puso bajo observación tanto las diferencias existentes entre los registros de deuda como los mecanismos administrativos utilizados para concretar determinados pagos.
Los datos relevados abarcaron:
- $479.504 millones: monto recibido por prestadores de medicamentos e insumos entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
- Seis: procedimientos de compras iniciados vinculados con servicios abonados mediante el mecanismo observado.
- 21 de agosto de 2025: fecha hasta la cual se examinó la gestión.
- $158.717.131.557,63: diferencia detectada entre los listados de deuda exigible.